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| Un hombre camina entre las ruinas en Alepo/REUTERS/Omar Sanadiki |
El equipo responsable de la querella ha explicado en una nota de prensa que ésta es la primera acción penal de justicia transnacional
ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las Fuerzas de
seguridad del estado sirio. Según explican, su objetivo es conseguir
justicia por la desaparición forzada, detención ilegal, tortura y
ejecución de miles de civiles sirios en los centros de detención ilegal
del país y lograr que se enjuicien crímenes internacionales cometidos
por el estado sirio liderado por el Presidente Bashar al-Assad.
Según han informado fuentes jurídicas la cuestión ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción 6, que dirige Eloy Velasco.
En el escrito Despacho internacional y
Guernica37 - International Justice Chambers acusa al Estado sirio,
liderado por el presidente Bashar al-Assad, de cometer a través de sus
fuerzas de seguridad e inteligencia, delitos de terrorismo contra la población civil.
Asegura
que desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones espontáneas
en el contexto de lo que se conoce como la Primavera Árabe, el estado
sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas
y con cualquier tipo de disidencia mediante la implementación de una
política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones
sistemáticas.
Como consecuencia de éste, decenas de miles de civiles sirios han sido privados de su libertad
y trasladados a centros de detención ilegal donde han sido torturados,
hacinados y sometidos a tratos inhumanos. La querella agrega que, como
resultado de la tortura y de las enfermedades ocasionadas por las
terribles condiciones de detención, miles de detenidos han fallecido en
estos centros y otros han sido ejecutados.
"A pesar de los constantes esfuerzos de los
familiares por obtener información sobre sus seres queridos, las
autoridades sirias, civiles y militares, han negado sistemáticamente toda información
sobre las víctimas, creando incluso mecanismos para ocultar o
distorsionar toda información", precisa el equipo jurídico en su
comunicado.
El plan de seguridad nacional destinado a reprimir las protestas, las fuerzas de seguridad sirias se dedicó a fotografiar los miles de cadáveres
provenientes de estos centros de detención ilegal para generar un
escrupuloso registro de la represión. Para ello, encargaron a la policía
forense tomar fotografías de los cuerpos torturados y sin vida de los
detenidos en varios hospitales en Damasco, donde fueron transportados
desde los centros de detención, indican los abogados.
En
septiembre de 2013, un policía forense encargado de supervisar el
registro fotográfico, desertó de su puesto y consiguió salir de Siria,
llevándose consigo mas de 50.000 fotografías. El archivo de César, alias
con el que se conoce a éste compendio de imágenes, contiene fotografías
de los cuerpos torturados y mutilados de más de 6,000 víctimas.
Varias de esas fotografías corresponden al
cuerpo torturado y sin vida del hermano de A.H., que fue detenido
ilegalmente en febrero de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad. La
familia ha podido saber que fue torturado y ejecutado en Damasco tras
tener acceso a estas fotografías.
En opinión de los querellante, A.H., de
nacionalidad española, es víctima de la desaparición forzada, la tortura
y la ejecución de su hermano." Los tribunales españoles, por lo tanto,
ostentan jurisdicción para investigar y enjuiciar estos hechos,
constitutivos de un delito de terrorismo", defienden.
La querella pone de manifiesto que éstas tácticas sistemáticas de violencia y opresión llevadas a cabo en centros de detención ilegal fueron coordinadas y ordenadas desde lo más alto de la cadena de mando política, militar y de seguridad.
Indica que el Departamento de Inteligencia
Militar, el Directorio de Inteligencia Aérea, el Directorio de Seguridad
Política y el Directorio de Inteligencia General, que juntos
constituyen la mujabarat (servicios de inteligencia en árabe)
intervinieron en el plan bajo el control del Bureau de Seguridad
Nacional, que las coordina y su vez distribuye e implementa las órdenes
de la Célula Central de Gestión de Crisis, la máxima institución
encargada de diseñar y coordinar la respuesta a las protestas.
Tal
y como asegura una de las abogadas responsables de la querella,
Almudena Bernabéu, la denuncia refleja que mucho antes del conflicto
armado, en Siria hubo violencia sistemática infringida por el "Estado contra su población civil".
"Nuestra esperanza es que este primer paso
permita inaugurar esfuerzos de justicia penal en diferentes
jurisdicciones y con ello, esperanza para los miles de civiles sirios
que siguen sufriendo las consecuencias de esta barbaridad", ha agregado.
El equipo jurídico ha interpuesto su
querella al amparo del Artículo 23.4.e.4º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que establece que los tribunales españoles tienen jurisdicción para investigar y en su caso enjuiciar los delitos de terrorismo , en este caso, terrorismo de estado, cuando hay una víctima de nacionalidad española.
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