A pesar de los miles de kilómetros y de existir océanos de por medio, América Latina, una vez más, ha dado muestra de humanidad, solidaridad y memoria histórica. No se trata de la primera vez que ocurre: América Latina y el Caribe son la tercera región del mundo con mayor número de refugiados.
Según ACNUR, alrededor de 11 millones de personas viven en condición de refugiados en todo el mundo. En ciertos medios, han utilizado el término refugiado para referirse tanto a los propios refugiados como a los solicitantes de asilo o los desplazados internos, figuras jurídicas del Derecho Internacional con fundamentaciones contrapuestas y bien diferenciadas por las Naciones Unidas.
La Convención de 1951 acerca del Estatuto del Refugiado le define como “aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar a él a causa de dichos temores…”.
Como puede mostrarse en el mapa, dicha Convención no ha sido ratificada por los países del entorno de Siria. De hecho, el propio Estado de Siria no ha ratificado dicha Convención y paradójicamente son sirios los refugiados que hoy todo el mundo se muestra dispuesto a acoger. Una muestra de empatía de la humanidad, que quizás no sería tan notoria de saberse que Siria no estaría obligada ante la comunidad internacional a hacer lo mismo con los habitantes del resto del mundo en caso de guerra civil en otro Estado. No obstante, bien sabemos que una cosa es hablar de la administración y gobierno oficial de un país, y otra totalmente contrapuesta hablar de las personas que lo habitan.
Con la respuesta dada por la amplia mayoría de los países latinoamericanos a la hora de acoger a personas que huyen del terror, Latinoamérica devuelve lo que en su día recibió: cuando a causa de los gobiernos dictatoriales que proliferaron en los 70 bajo el auspicio de los EEUU y los conflictos bélicos y sociales que tuvieron lugar en los 80 en el continente obligaron a miles de chilenos, argentinos, uruguayos, nicaragüenses, haitianos, peruanos… a huir de sus casas en busca de una paz que por entonces, al igual que hoy, había sido empujada a un segundo plano ante los beneficios económicos que daba a su vecino del Norte tanto la venta de armas como el control de los recursos naturales de aquella Sudamérica vilipendiada.
Ante tal reacción, cabría preguntarse por qué los Estados Unidos, quienes activamente ayudaron a financiar y entregar armas a los “rebeldes” sirios, y a los que han apoyado militarmente de manera directa “haciendo la guerra para conseguir la paz en Siria”, no aparecen en las noticias en cuanto al hecho de acoger civiles en calidad de refugiados procedentes de dicho país. Estados Unidos, quien ha ratificado únicamente el Protocolo de 1967 y no la Convención de 1951, ha utilizado históricamente tanto las solicitudes de refugiados como de asilo para promover su política exterior. Prueba de ello es las facilidades que concede a quienes lo soliciten si procedían o proceden de países comunistas. Para eliminar dichas discriminaciones geográficas e ideológicas, el propio Congreso de los Estados Unidos creó el Decreto de 1980 sobre los refugiados. No obstante, a pesar del intento de eliminar los prejuicios ideológicos de su Ley de Inmigración, este propósito no ha sido jamás alcanzado y hoy persiste la discrecionalidad de los Estados Unidos para decidir quién sí y quién no. Tanto es así que incluso las propias cortes federales norteamericanas han condenado recientemente a los Servicios de Inmigración por prácticas coercitivas sobre refugiados procedentes de El Salvador, Haití y Guatemala, para invitarles a la “salida voluntaria” del país.
No todos son así, por suerte. En un comunicado oficial, el ex gobernador de Maryland, aspirante a demócrata para las presidenciales de 2016, Martin O’Malley, se quejó de las políticas de oídos sordos por parte del gobierno de Obama ante las necesidades de las cientos de miles de personas que huían de la guerra e instó al Gobierno a que Estados Unidos se comprometiese a acoger 65.000 refugiados sirios.
Volviendo a Latinoamérica, dicha solidaridad no ha sido equilibrada en números entre todos los países. En mayo de 2014, El País publicaba cómo se repartían los refugiados que residían en Latinoamérica. Frente a los más de 55.000 refugiados a los que Ecuador daba cobijo, Chile no llegaba a los 2.000, y Brasil apenas rozaba los 4.500. Dicha publicación se debía a un toque de atención que ACNUR dio entonces al continente para que ampliaran sus políticas en cuanto al otorgamiento de visas humanitarias.
Brasil fue la primera en ponerse manos a la obra hace unos meses y desburocratizó el proceso: la llegada de sirios al país se cuadruplicó. Quizás existió cierto descontrol por parte del gobierno de Dilma, ya que reconocieron como refugiados a todo aquel que pudiese demostrar que poseía la nacionalidad siria y simplemente solicitara dicho estatus. Además, a diferencia de en otros países, en Brasil pueden acceder a la sanidad y a la educación durante el lapso de tiempo en el que se les concede formalmente el estatus de refugiado.
No obstante, no fue el primer país en acoger refugiados sirios, sino que fue Uruguay quien inició el camino el pasado octubre de 2014 tras más de tres años de guerra civil en Siria. Dicho flujo quedó interrumpido tras finalizar Mújica su periodo de gobierno y tomar el poder Tabaré Vázquez, lo cual ha provocado manifestaciones y reivindicaciones de refugiados sirios que llegaron incluso a acampar ante el palacio de Gobierno en Montevideo. Ante tal medida, Mújica se pronunció crítico, considerando que dicha emigración no era “un gasto” como afirmaba Tabaré, sino una inversión pues “dichas familias trabajarían, pagarían impuestos, consumirían y contribuirían a agrandar el mercado interno”.
Existen más ejemplos, como el de Argentina que inició el Programa Siria, Venezuela que se ha comprometido a dar refugio a 20.000 sirios o México que impulsó el Proyecto Habesha, el cual, insuficiente, provocó sorprendentemente una respuesta ciudadana en change.org mediante una petición popular con más de 100.000 firmas en las que se pedía a Enrique Peña Nieto que México se comprometiese a dar cobijo a 10.000 sirios que estuviesen huyendo de la guerra.
Dicha solidaridad choca con la actitud de algunos gobiernos de la Eurozona como España, a quien la Comisión Europea ha instado a dar refugio a 15.000 de las 120.000 personas refugiadas que se encuentran hoy en suelo europeo, como parte de la redistribución necesaria de refugiados en todos los países miembros de la Unión. Sería así el tercer país con mayor número de refugiados sirios en la Unión Europea, tras lo más de 31.000 de Alemania y los casi 25.000 de Francia. Si bien en un principio el Gobierno español se mostró reacio, Rajoy ha asegurado que aceptará lo que diga la Comisión sin entrar a debate.
Entre tanto, son paralelas las noticias que surgen en torno a esta corriente migratoria.
Noticias acerca de la posibilidad de que yihadistas se hayan infiltrado entre quienes huían de la guerra.
Noticias que no puede saberse con certeza si son verdad o no.
Noticias que para lo que sí sirven es para infundir miedo a la sociedad española y europea.
Deberíamos preguntarnos por qué en cambio no nos da miedo que de los 12 países que más armas exportan en el mundo, la mitad de ellos pertenezcan a la Unión Europea y, paradójicamente, ninguno (salvo Israel) pertenezca a Oriente Próximo.
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