39.000 mujeres son hospitalizadas cada año por interrumpir su embarazo en Argentina, que ha dado un paso histórico este viernes en el camino para garantizar que se pueda abortar de forma legal y segura
Una mujer espera la decisión de la Cámara de Diputados argentina sobre el aborto, este viernes en Buenos Aires.Juan Ignacio Roncoroni / EFE
El estigma existe. Una mujer no habla de un aborto como lo
haría de una operación de riñón. Casi siempre es una intervención a la
que le sigue la vergüenza, el silencio y la culpa. Uno de los logros que
el robusto movimiento feminista argentino consiguió hace dos años, en
su penúltimo intento para convertirlo en ley, fue cuestionar el tabú,
ayudar a la despenalización social. Pusieron sobre la mesa que un aborto
legal, seguro y gratuito es la conquista de un derecho para todas las
mujeres, ni más ni menos. Este viernes han dado un paso importante con
la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley, pendiente ahora de la votación del Senado.
El
debate no es aborto sí o aborto no. Las prohibiciones no los frenan.
Solo en Argentina, se practican hasta medio millón al año, según un
informe de Human Rights Watch (HRW).
La cuestión de fondo es en qué condiciones se practican y cuáles son
las consecuencias para las mujeres que acceden a ellos en los peligrosos
márgenes que deja la persecución penal. En los últimos 40 años, más de
3.000 mujeres han muerto por abortar en Argentina. Y 39.000 son
hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de interrupciones
de embarazos, según los datos oficiales.
“La
legalización del aborto salva vidas de mujeres, no aumenta la cantidad
de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la
salud pública”, resumió el presidente argentino, Alberto Fernández. Es
la primera vez que el principal mandatario de Argentina está a favor de
que se despenalice en todos los supuestos y sea accesible en las
primeras 14 semanas. Y puede que este intento, el noveno, sea el
definitivo para un país más próspero y con más cuotas de libertad que
sus vecinos.
Argentina es el único país de la región, con Uruguay, que
está en cabeza en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas que
mide la esperanza de vida, la educación y la riqueza, entre otras
variables. Fue la nación pionera de América Latina en aprobar una ley de
matrimonio igualitario (2010) y otra de identidad de género para
garantizar condiciones dignas a las personas trans, en 2012. Los
derechos de las mujeres siempre se quedan para el final. Si la ley
recibe respaldo suficiente en el Senado ―donde cayó en 2018―, será el
primer gran país latinoamericano con una normativa que ya tienen
Uruguay, Cuba, Guayana o Ciudad de México.
Un aborto trae
estigma casi siempre. Y a veces, consecuencias peores que recaen sobre
los hombros de las más vulnerables. El ejemplo más grave está en El
Salvador, uno de los países más restrictivos del mundo frente a este
derecho. Allí están Las 17, mujeres presas con condenas de más de 30 años
por abortar o perder a los bebés por complicaciones obstétricas. “El
Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres
pobres”, alerta Naciones Unidas. En Argentina, lo subrayan informes de
HRW y del Centro de Estudios Sociales y Legales:
al menos 73 mujeres han sido criminalizadas desde 2012. La amenaza
penal impacta en todas las mujeres “pero solo encarcela y castiga a
quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder
a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”, dice Human
Rights Watch. Despenalizar el aborto no es solo asegurar un derecho para
todas, es también la garantía de que algunas, las más pobres, no
acabarán en la cárcel o en el hospital.
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