En Perú durante el régimen de Alberto Fujimori,
300.000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada tras
la puesta en marcha del programa de Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria (AQV), presentado por el mismo expresidente en 1995 en la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín y financiado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Después
de las denuncia presentada por más de 2.00 mujeres, a finales de
enero los Tribunales peruanos archivaron las denuncias presentadas.
Según el fiscal Marco Guzmán Baca no se incurrió en “delitos de lesa
humanidad” y tampoco se hallaron “elementos probatorios suficientes”
sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori. Lo mismo ha sucedido con
los exministros de Salud: Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y
Eduardo Yong.
Más de 2.000 mujeres han denunciado que fueron esterilizadas contra su
voluntad. Mujeres valientes que han reconocido haber sufrido en sus
cuerpos estos abusos, a pesar de la estigmatización de sus comunidades
que las veían como estériles, y sufrir incluso violencia de género
dentro de sus hogares ya que eran acusadas por sus maridos de haberse
realizado la intervención para mantener relaciones sexuales con otros
hombres. El programa fue exhibido como un plan voluntario de
esterilizaciones masivas, sin embargo en la práctica no se respetó la
libre elección. Al contrario, se pensó que para acabar con la pobreza se
debía evitar el crecimiento demográfico en las zonas más humildes del
país.
La resolución
El pasado 22 de enero la Segunda Fiscalía de Penal Supranacional de
Lima emitió una resolución archivando las denuncias presentadas. Según
el fiscal Marco Guzmán Baca no se incurrió en “delitos de lesa
humanidad” y tampoco se hallaron “elementos probatorios suficientes”
sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori. Lo mismo ha sucedido con
los exministros de Salud: Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y
Eduardo Yong.
Las víctimas son mujeres indígenas y campesinas de localidades
empobrecidas de las zonas rurales del país, quienes fueron engañadas,
amenazadas y coaccionadas, siendo intervenidas sin su consentimiento,
violando sus derechos sexuales y reproductivos sin ninguna condición de
salubridad. Como señala Úrsula Santa Cruz, psicóloga y feminista peruana
“Para el Estado y para el país siguen siendo las invisibles, las sin
derechos a tener derechos, sin acceso a justicia y reparación”.
18 de estas mujeres perdieron sus vidas. Una de ellas fue
María Mamérita Mestanza Chávez en 1998 en la provincia de
Cajamarca.
La muerte de esta mujer se denunció ante la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH) y fue clave para que este Órgano se
pronunciara y recomendara al estado peruano reabrir la investigación
haciéndolo efectivo en 2012 tras haber sido archivado tres años antes.
Reacciones
Tras ser conocida la resolución las reacciones no se han hecho esperar,
es así como más de 200 mujeres pertenecientes al Comité de Defensa de
los Derechos Humanos de las mujeres esterilizadas de Huancabamba han
exigido al gobierno una respuesta, justicia y reparación ante el estado.
Esta indignación que supone el dictamen fiscal traspasa los límites del
Perú, desde España se están pensando acciones concretas por parte de
diversas organizaciones peruanas y españolas para apoyar la lucha de
estas mujeres. Santa Cruz quien lleva viviendo en España 11 años
comenta: “Mientras a ellas se les cercenó su derecho a ser madres, En
España, el gobierno conservador del Partido Popular con la reforma de la
ley del aborto quiere imponer y obligar a las mujeres a la maternidad
forzada. En Perú, España o en cualquier otro lugar del mundo persiste el
control del Estado, la iglesia y los organismos de poder sobre nuestro
derecho a decidir, sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad. La lucha y
el camino es largo para todas”.
“En estas investigaciones hay documentos del exministro de Salud,
Alejandro Aguinaga, donde mandó órdenes directas que eran también
órdenes de Fujimori, con cuotas (números de intervenciones por
regiones). Hay en esta decisión una intencionalidad política porque
Aguinaga es actualmente parlamentario de Fuerza Popular, partido
político del fujimorismo”, dice Sara Cuentas, activista que fue miembro
del
Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAMLF) del que también es integrante Giulia Tamayo quien lideró el equipo de investigación y sacó a la luz estos crímenes.
Esta activista apunta que la resolución es resultado de un marco de
exclusión social que existe en el país ya que si las mujeres que fueron
esterilizadas de manera forzada hubieran sido mujeres de zona urbana, de
clase media, las cosas hubieran sido distintas, y seguramente no se
hubiera archivado el caso.
El pasado martes algunas de las víctimas junto a la Parlamentaria
Andina y defensora de los derechos humanos Hilaria Supa y diversas
organizaciones presentaron una apelación al archivo de la causa en la
Fiscalía de Lima. Por otro lado,
Amnistía Internacional está realizando una campaña de recogida de firmas teniendo como meta las 5.000.
La organización presentará la carta 'Las víctimas deben recibir
justicia', respaldada por las firmas, al presidente Ollanta Humala para
que no se archiven estos casos donde recuerda al Estado la obligación de
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda persona.
