Steven Donziger, abogado especialista en derecho ambiental, propone cinco iniciativas jurídicas, entre ellas un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, para combatir las agresiones a las que el sector somete al clima
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| Omer Bozkurt |
Steven Donziger, el abogado estadounidense defensor de los derechos humanos que se ha convertido en el blanco de las grandes petroleras por su apoyo a los pueblos indígenas afectados por la contaminación que producen los combustibles fósiles, ha presentado cinco soluciones jurídicas para la emergencia climática, cada vez más grave.
Donziger fue puesto en libertad en abril tras pasar casi mil días bajo arresto domiciliario por un caso en Estados Unidos derivado de una sustanciosa indemnización que ganó en los tribunales ecuatorianos contra Chevron por su impacto ambiental en la selva amazónica.
Aunque la detención “totalmente injusta” de Donziger ha llevado a los legisladores federales a impulsar una reforma del ordenamiento jurídico de Estados Unidos, el abogado sigue usando su causa para luchar por la justicia medioambiental.
“Cualquiera se ve desbordado e indefenso ante una catástrofe de semejantes dimensiones. Pero nosotros, como ciudadanos, podemos hacer algo ahora mismo”, escribía Donziger el martes en una columna para The Guardian a raíz de la cumbre del clima COP27 celebrada en Sharm al Sheij, en Egipto.
“Entre todos, con un activismo ciudadano mayor, estas ideas pueden empezar a proporcionar un marco jurídico global y coherente que ayude a salvar el planeta”, defiende Donziger. La primera propuesta: tipificar el ecocidio como un crimen internacional.
Cada vez hay más apoyo a nivel global para hacerlo. En julio, un panel internacional de especialistas en derecho publicó la definición jurídica del término y determinaron que el ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.
Stop Ecocidio Internacional y otras plataformas defienden que se modifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el ecocidio como quinto crimen, tras el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los de agresión.
Según Donziger, “el ecocidio expone a los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles a una posible responsabilidad penal por autorizar actos contaminantes. Y esa exposición personal va a cambiar significativamente la toma de decisiones de estos ejecutivos en favor del planeta”.
La segunda solución del abogado es establecer un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. El apoyo internacional a esta idea también ha aumentado en los últimos meses y ha culminado con la propuesta que ha articulado la nación insular de Tuvalu de crear dicho acuerdo en la COP27, celebrada en noviembre.
Donziger también pide que se prohíban las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y explica que “se han convertido en la mejor baza del sector de combustibles fósiles para silenciar a los activistas medioambientales, dejar a los defensores sin recursos y debilitar el movimiento climático, que es el elemento más importante para obligar a los gobiernos a ir eliminando progresivamente el sector”.
Justo antes de que los demócratas de la Cámara celebrasen una audiencia en septiembre para recriminar a las grandes petroleras que utilizaran la ley “como un arma” contra los activistas climáticos, EarthRights International publicó un innovador análisis que demuestra que el sector de los combustibles fósiles ha estado involucrado en el “hostigamiento judicial” de más de 150 activistas. El informe de la organización sin ánimo de lucro destacaba 93 casos de SLAPP y 49 “citaciones abusivas”.
“La solución es fácil”, afirma Donziger. “Los gobiernos tienen que promulgar lo que se denomina leyes anti-SLAPP, que sancionan a las empresas que incurren en este tipo de intimidación judicial”.
El abogado añade, además, que la humanidad tiene que proteger las cuencas del Amazonas y señala que “se está gestando una revolución jurídica silenciosa liderada por los pueblos indígenas en algunos países de la región amazónica, como Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú”.
“Se hacen llamar la Iniciativa de las Cuencas Sagradas Amazónicas, y estos defensores de la Tierra de primera línea han propuesto un plan viable para facilitarle protección jurídica internacional a lo que probablemente sea el ecosistema más importante de la Tierra”, escribe. “Básicamente, este plan prohibiría cualquier otra explotación de combustibles fósiles en la zona que comprende las cuencas del Amazonas y que alberga la mayor concentración de biodiversidad del planeta”.
La última solución jurídica de Donziger consiste en “indemnizaciones climáticas vinculantes”. En concreto, propone un tratado que exija a todos los países ricos que ingresen una cantidad determinada en función de su producto interior bruto “en un fondo administrado por una parte neutral en la que estén debidamente representados los países pequeños más afectados” por el aumento de las temperaturas y el impacto negativo derivado de la crisis climática.
“Para que quede claro, no estoy diciendo que los cambios propuestos vayan a salvar el planeta por sí solos. Pero una combinación adecuada de cambios jurídicos en rápida sucesión puede catalizar el proceso”, subraya.
La columna del abogado llega en el momento en que los partidarios de una acción climática ambiciosa celebran los avances realizados en la COP27 –como lograr un acuerdo para crear un fondo de compensación de pérdidas y daños–, al mismo tiempo que destacan los aspectos en los que la conferencia no ha dado la talla, desde los abusos cometidos contra activistas y la presencia histórica de lobistas de las grandes petroleras hasta la falta de un acuerdo definitivo para ir eliminando progresivamente los combustibles fósiles.
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