Así lo aseguran Carlos Díaz, investigador del Instituto Internacional
para la Acción Noviolenta (Novact) y Ainhoa Ruíz, investigadora del
Centro Delàs de Estudios para la Paz
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| Carlos Díaz y Ainhoa Ruiz. Foto: Meritxel Rigol |
Frente a un escenario “menos militar y más securitario”, el negocio de
la guerra ha tenido que adaptarse para no perder terreno lucrativo. Y,
sin duda, lo ha logrado, entrando en actividades que conforman un nicho
de mercado en expansión, prioritario en los presupuestos europeos y en
el que, a menudo, “la rendición de cuentas no existe”: la seguridad
nacional. Así lo denuncian
Carlos Díaz, investigador del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (Novact), y
Ainhoa Ruíz, investigadora del Centro Delàs de Estudios para la Paz. Recientemente han presentado el informe
La transformación del complejo militar-industrial*,
que analiza la securización de los Estados europeos. Un proceso en el
que fomentar la mirada hacia ‘el otro’ como enemigo se ha convertido en
una apuesta con creciente rédito, tanto electoral como empresarial.
Detectan que dar respuesta a la seguridad nacional se ha
convertido en un nicho de mercado cada vez más lucrativo. ¿Qué
condiciones permiten que sea así?
Ainhoa Ruiz: El complejo militar-industrial, sin renunciar al
espacio al que ha estado más vinculado, a la industria de hacer la
guerra, a la industria del conflicto armado, ahora se adapta a un
contexto en el que la seguridad se transforma y se convierte en un eje
central de los Estados, igual que lo era la defensa. Ahora se refuerza
el discurso de la seguridad interna.
Carlos Díaz: Cuestiones que tendrían que atenderse desde
asuntos sociales, como las migraciones y sus causas, sufren un proceso
de securización. Se ven como una amenaza. Así se trata desde los medios
de comunicación y, en buena medida, así lo percibe una mayoría de la
sociedad. Esto posibilita que empresas transnacionales se legitimen para
entrar en este negocio, auspiciadas por los Estados
La idea de seguridad nacional está formada por una amalgama de
elementos muy diversos, desde la radicalización violenta y el
terrorismo, al cambio climático, la inestabilidad económica o, como
mencionabais, los flujos migratorios. ¿Qué impacto tiene en los derechos
de las poblaciones que se aborden hechos tan diversos bajo la misma
óptica securitaria?
A.R: Cuando aparece esta securización, cuestiones sociales
pasan a tratarse como cuestiones de seguridad y se mantiene la ideología
militarista para proveerla. Cuestiones como la migración se tratan
desde una perspectiva coercitiva y con el uso de la fuerza, con la
vulneración de derechos humanos que esto comporta. No solo afecta a la
gente externa del Estado con el despliegue de las empresas de seguridad
privada, el comercio de armas y lo que hay alrededor de esta industria.
También afecta internamente. Empiezan a aparecer amenazas que los
Estados consideran que pueden vulnerar la cohesión interna y esto
empieza a extender la seguridad de la vigilancia, como pasó en los
Estados Unidos después de los atentados del 11 de setiembre. Se aprobó
la
Patriot Act y comportó la expansión de muchas medidas que
permitieron, en un contexto de terrorismo transnacional, mucho más el
control interno de la población. Esto permite una expansión de la
seguridad de la vigilancia
que
afecta nuestros derechos. El derecho a la privacidad sería el
principal. Otras leyes, como la ley mordaza, estarían dentro de este
contexto de ‘tenemos que controlar la sociedad, por su propia
seguridad’. Comporta que asumamos controles que no tendríamos que
asumir.
C.D: Muchas de las vulneraciones de derechos humanos que hemos
encontrado a partir de observar cómo trabajan las empresas militares y
de seguridad privada en contextos operacionales como la gestión de las
fronteras, en la mayoría de casos, son impactos a los derechos humanos
más vitales, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad
física. Ha habido muchísimas muertes y muchos de los casos no han
llegado a someterse a un procedimiento judicial. Muchos se desestiman o
se olvidan. Cada vez hay más impactos en los derechos humanos y quedan
en el aire. No se juzgan por la poca regulación del sector. Lo que
existe es una autoregulación de las empresas de seguridad privada y
militares. Es una forma de legitimarse, pero hay una falta absoluta de
transparencia de su actividad y de los contratos que firman con las
administraciones públicas. Sin una regulación vinculante, no se pueden
juzgar y la rendición de cuentas no existe.
Dentro de la industria militar -que va mucho más allá de la
producción de armamento-, el control fronterizo y la ciberseguridad
serían las piezas más lucrativas que detectáis en el sector.
¿Destacarías alguna otra actividad de esta industria militar cada vez
más diversificada?
C.D. No hay que olvidar que actúan en el contexto de las
empresas extractivas. Sobre todo, en África subsahariana, con la
extracción de minerales y gases. Contratan a personal de seguridad
privada para controlar todos estos espacios y para asegurar el
transporte a los puertos o aeropuertos y la exportación a los Estados
Unidos y Europa. También lo hemos visto, por ejemplo, en Marruecos, en
el puerto de Tánger. G4S, con sede en el Reino Unido, asegura todo el
perímetro del puerto de Tánger y hace que esté participando del expolio
extractivo que se está haciendo en territorio saharaui. El control
fronterizo es el contexto operacional de estas empresas más mediático,
pero tampoco tenemos que olvidarnos de las prisiones y los CIEs.
A.R. Dentro del contexto de externalización de la gestión de
las fronteras, que ya no quiere gestionarse dentro de los Estados
miembros de la Unión, sino en los países de origen, con dinero público
de la AECID [Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo] se construyó un CIE en el norte de Libia, que recibió
numerosas denuncias por vulneración de derechos humanos.
¿Son los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos los que marcan un antes y un después en el contexto de securización? ¿Da pie al modelo de seguridad que hoy se ha exportado y extendido en Europa?
A.R. El 11 de septiembre lo que hace es consolidar la práctica
de la securización, que ya era una tendencia en la seguridad en los
años 90. Se crea el departamento de
Homeland Security y vemos
como se securitizan muchos aspectos sociales: infraestructuras, el
modelo económico, la migración… Y no solo se consolida, sino que se
extiende. Estados Unidos pide a los otros países occidentales que ‘se
protejan’, que desarrollen todas estas medidas de control social.
Entienden que si sus aliados están desprotegidos, ellos también lo
estarán. La Unión Europea entra en la dinámica de implementación de
estas políticas.
C.D. Con la invasión de Iraq, Estados Unidos privatiza el
negocio de la fuerza. Consolida la aparición de empresas de seguridad
privada que trabajaban como si fueran el departamento de defensa. En
Iraq hubo una proliferación de empresas militares y de seguridad privada
y fueron creciendo para hacerse un lugar en este nuevo sector que había
nacido. Las empresas transnacionales vieron el mercado un poco saturado
y se fueron a África y a otros lugares del Próximo Oriente, pero Iraq
se quedó con la proliferación de empresas que aún vulneran derechos
humanos de la población civil. Hay el caso de
Blackwater. Actualmente se llama
Frontier Services
y su cabeza, Erik Prince, tiene contacto directo con la administración
Trump. Su hermana, Betsy DeVos, es la secretaria de Educación. En
Blackwater
trabajaban como mercenarios y una de las masacres más graves que
protagonizaron estas empresas de seguridad privada en el país fue en
Nisour Square,
donde mataron a 17 civiles. Fue un ataque indiscriminado contra la
población civil. Este caso se acaba de juzgar. Juzgaron a tres
trabajadores de esta empresa de seguridad privada, y el juez ha
desestimado la demanda.
¿La norma es que las vulneraciones de derechos humanos provocadas por la actividad de estas empresas queden impunes?
C.D. De los 215 casos verificados, solo 102 llevaron a un
proceso judicial (menos del 50%), y de los 102 que entraron, menos de un
15% acabaron con una reparación para las víctimas. Ahora empezamos a
desglosar a las víctimas por género para saber contra qué derechos
impacta más la actividad de estas empresas, que están totalmente
protegidas por el aparato estatal. Los Estados son culpables de lo que
hacen detrás de estas empresas militares. Nunca el Estado podrá ser
acusado porque la actividad está externalizada.
A.R. Esta es una razón por la que se privatiza. Si privatizas
la guerra, como si privatizas cualquier otro sector, te permite hacer lo
que quieras, la rendición de cuentas es más compleja. Las bajas que se
producen en estas empresas de seguridad privada son bajas que no cuentan
como los soldados. Políticamente, no es lo mismo llevar los cadáveres de
20 soldados que los de 20 que eran trabajadores de una empresa de
seguridad. El impacto social que tiene y el rechazo que puede tener la
gente ante la guerra no es el mismo.
¿Tiene el auge de la extrema derecha en Europa un papel en el auge de las políticas de securización?
C.D. Tiene mucho que ver, porque estamos hablando del
ejercicio del uso de la fuerza y la derecha siempre ha estado
relacionada con este. Hay una empresa de seguridad privada con sede en
Barcelona y con una franquicia en Málaga y otra en Mallorca, Desokupa,
que lo que hace es de extrema derecha. Participan en mítines de Vox.
También en la Falange. Esto lo tenemos registrado en Barcelona ahora
mismo, no como partido político, sino como empresa que está ganando
cinco millones de euros anuales. España era de los pocos Estados de la
Unión Europea sin partidos de extrema derecha -que no ideas de extrema
derecha-. Esto ha caído con las elecciones en Andalucía. Hay partidos
que han sabido ver que pueden llegar a muchas personas con un discurso
fácil, como ha pasado en Francia, Alemania, Austria, Hungría, República
Checa, Austria… Ahora por desgracia ha pasado aquí.
A.R. A la extrema derecha le interesa inducir el discurso
fácil de ‘el otro’ como enemigo y desviar todas las desgracias internas
de un Estado hacia quien viene de fuera de él. En un contexto de
securización, lo que hacen es reforzar este discurso, latente en las
políticas. Está influenciando mucho a partidos que no tienen en su
programa electoral esta vertiente tan racista y xenófoba y que la están
absorbiendo, porque es muy electoralista. La extrema derecha va
construyendo la valla mental para que te convenzas de que la valla
física es necesaria, que los controles fronterizos son necesarios, y que
el control social es necesario.
¿Qué modelo de seguridad alternativo al del contexto de securización predominante en Europa esbozáis? ¿Qué lo definiría?
A.R. La seguridad no tiene que estar enfocada a los Estados,
sino a las personas. Se deben procurar las herramientas para
desarrollarse: garantizar acceso a la educación, a la sanidad, a
derechos básicos. Esto garantiza construir seguridad colectiva y es lo
que no estamos haciendo. Al hablar de seguridad colectiva está siempre
la narrativa militarista. Hablamos de la OTAN, de alianzas militares,
cuando tendríamos que estar hablando de desarmamento, de reducir el
gasto militar y de políticas que reviertan las privatizaciones y que
puedan asegurar las necesidades básicas de las personas. Con esto ya
construyes otro modelo de seguridad. Pero cambiar el paradigma de la
seguridad implica erosionar los privilegios de la industria, en general,
no solo la militar de seguridad, porque si tú haces la vivienda pública
para proveer de seguridad a la población, estás erosionando el poder de
un determinado colectivo. Por eso no acaba de encajar otro modelo de
seguridad, porque va en contra de los intereses de las grandes élites
económicas. Las leyes que defienden la economía neoliberal van en contra
de garantizar seguridad a todas las personas, porque van en contra de
garantizar derechos básicos.
¿Entonces, cómo acercarnos a esta otra seguridad, garante de derechos?
A.R. Hay que introducir la narrativa de la seguridad humana.
Los Estados nos dicen que la amenaza principal que vivimos son los
procesos migratorios, el terrorismo… pero el día a día de las personas
está muy desconectado de estas amenazas. Las amenazas son el paro; el
acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad… el día a día de las
personas es el que marca el grado de seguridad que tiene una sociedad.
Hay una desvinculación completa entre las políticas que el Estado
desarrolla en materia de seguridad y lo que realmente construye
seguridad colectiva, que pide erosionar a la élite económica que se
beneficia de que recursos necesarios para la seguridad de las personas
y, así, de la sociedad en conjunto, sean recursos que se compran y
venden en el mercado.
C.D. Hace falta aterrizar el concepto de seguridad humana a la
ciudadanía, hacer campañas para dar a conocer que hay una alternativa a
las políticas de seguridad de hoy en día. Con este modelo de seguridad
humana, de seguridad con las personas en el centro, sería súper
importante que las administraciones públicas tengan una guía de
contratación pública para no contratar empresas que saben que han
vulnerado derechos humanos. Hay municipios que, por ejemplo, contratan
empresas israelitas cuando están vulnerando sistemáticamente derechos
humanos en territorios palestinos.
Adviertens que en los próximos años el sector de la seguridad
contará con mayores cantidades de dinero invertido por parte de los
Estados europeos
A.R. Se está erosionando el proceso democrático de toma de
decisiones sobre la seguridad, porque hay un actor con intereses
económicos que está colaborando en construir las políticas públicas. Se
han creado lobbies publico-privados. No sabemos las decisiones que se
toman en los foros en los que participan. Su influencia va dirigida a
blindar fronteras, a desarrollar aún más el sistema de control y, al
final, el sistema de la guerra. Nos hacen creer que frenar el terrorismo
es cosa de las intervenciones militares en terceros países cuando
provoca más radicalización entre la población local, que siente sus
derechos vulnerados.
C.D. Erik Prince, fundador de
Blackwater, quiere
privatizar la guerra en Afganistán. Dice que con menos de la mitad de
los soldados norteamericanos que ahora hay controlaría el país. ¿Hasta
qué punto, como empresario, no quiere legitimar el conflicto eternamente
para que su empresa obtenga beneficios? Las empresas de seguridad nunca
pagaran por sus acciones si no hay un marco regulatorio vinculante.
Urge un marco legal internacional.
Fuente:
https://www.lamarea.com/2019/01/02/politicamente-no-es-lo-mismo-llevar-los-cadaveres-de-20-soldados-que-los-de-20-trabajadores-de-una-empresa-de-seguridad/
“Forma parte de mi plan de deshacerme de gran parte de mi fortuna; quiero devolver a la sociedad y al mundo lo que me han dado. Este barco es para ellos”
El barco fue diseñado para recoger cerca de 5 toneladas de plástico de
las aguas a diario. La ambición del empresario es, por lo tanto, recoger
todo el plástico criminalmente arrojado al mar.
