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| Augusto Pinochet. |
La Corte Suprema decretó el decomiso de 5,1 millones de dólares y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet, en el llamado caso Riggs, relativo a las cuentas secretas que éste tenía en bancos en el extranjero, se informó hoy.
Según difunde hoy El Mercurio, el tribunal de
alzada había sostenido que se acreditó la "sustracción de fondos
públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el
patrimonio" de Pinochet, pero revocó el fallo de Valderrama ya que la
obligación penal se extingue por la muerte del responsable y determinó
la devolución de dineros y bienes a la familia.
Ahora, tras la resolución del máximo tribunal, los
jueces Milton Juica (presidente), Lamberto Cisternas, Gloria Ana
Chevesich, Andrea Muñoz y Jorge Dahm se reunirán este lunes para afinar
los detalles del decomiso y resolver las propiedades de Pinochet que
deberán ser devueltas al fisco, listado que no está claro.
Además, la Suprema mantendrá las condenas de primera
instancia y que habían sido revocadas por el tribunal de alzada, a
cuatro años de libertad vigilada, decretadas contra uniformados
retirados por malversación de caudales públicos. Todos ellos acusados de
"sustraer" fondos reservados que tenían a su cargo y que pertenecían al
Presupuesto nacional, que fueron traspasados a cuentas de Pinochet para
"manutención de su familia".
En 2010 un estudio de la Universidad de Chile
determinó que Augusto Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32
millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una
justificación contable. La investigación judicial se abrió en 2004,
primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión
del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas
secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades
financieras.
El descubrimiento se hizo en medio de las
indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres
Gemelas y el Pentágono. Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba
procesado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de
pasaportes, y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación
de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a
cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido
dictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la
Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos. Esa medida benefició,
entre otros, a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart; a sus cinco hijos; a su antiguo albacea, Óscar Aitken, y al contable José Sobarzo.
En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de
Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama.
En 2013, el juez Valderrama decidió cerrar una parte de la investigación
que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos
con que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares. Con
ello, quedaron absueltos el exdirector de la Fábrica de Armamentos del
Ejército (Famae) Luis Iracabal, y el ingeniero y brigadier retirado
Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos pagos de comisiones
ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques
Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.
Pero quedaron en firme los procesamientos por
malversación de los generales retirados Ramón Castro, Jorge Ballerino y
Sergio Moreno Saravia, y los de los coroneles en igual situación Eugenio
Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean, quien este miércoles
fueron absueltos.
Los dos primeros fueron quienes presuntamente
abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, mientras que Moreno
Saravia fue procesado por haber supuestamente traspasado 23.721 dólares
correspondientes a gastos reservados entre dos cuentas.
