El tratado sobre comercio de servicios TISA se negocia rodeado de gran hermetismo
El anteproyecto legislativo prevé que los Estados pierdan la soberanía en materia energética, en beneficio de los “especialistas”, los gigantes del sector
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| La instalación artística 'París ve hielo' con motivo de la Cumbre del Clima en París.
EFE |
¡Nada cambia! A pesar de la
crisis financiera y medioambiental,
que ponen de manifiesto fracasos más que evidentes, pese a las críticas
de personalidades políticas, de asociaciones, de la sociedad civil, no
dan su brazo a torcer: la
liberalización de todo lo liberalizable sigue presente en sus planes. Al menos, eso es lo que se desprende de los nuevos documentos publicados por
Wikileaks, relativos al
acuerdo sobre servicios,
que se negocia en estos momentos (Acuerdo en Comercio de Servicios,
Trade in Services Agreement o TISA) publicados en colaboración con
Mediapart y otros 12 medios de comunicación y organizaciones internacionales. Los
“buenos amigos de los servicios”, como se hacen llamar, continúan sus
conversaciones subrepticias para ir un poco más allá en la
degradación de las normas y de los derechos sociales y medioambientales, en el debilitamiento de los Estados, frente al poder del dinero.
Sin WikiLeaks, TISA nunca habría salido a la luz. Nadie habría tenido
conocimiento de las negociaciones subrepticias de este tratado, que se
desprende del Acuerdo Trasatlántico de Comercio (Tafta o Ttip),
discutido en las mismas condiciones de opacidad. Así las cosas, los
parlamentarios podrían haber descubierto, un buen día, un tratado que
debían aprobar en bloque, sin posibilidad de enmienda o de
someterlo a debate alguno.
Tampoco habrían podido tener acceso a los trabajos y a los documentos
de trabajo que se están utilizando para la redacción del texto, dado que
toda la documentación tendrá la consideración de “secreto de defensa” o, más exactamente, de
"secreto comercial” durante cinco años, a contar desde la adopción del tratado.
En junio de 2014, WikiLeaks reveló el contenido de las negociaciones
secretas –llevadas a cabo por responsables de una veintena de países,
con Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá a la cabeza– sobre los
servicios financieros. Desde entonces, el site periódicamente hace
públicas las diferentes etapas por las que pasan las
negociaciones,
relativas a otros aspectos como los servicios informáticos, los
trasportes marítimos, las telecomunicaciones. En julio de 2015, nuevos
documentos ponían de manifiesto la
voluntad de desmantelar los servicios públicos. Ahora, WikiLeaks desvela los
anteproyectos sobre energía y transportes, negociados en otoño de 2014. Los
documentos se pueden consultar en Wikileaks.
La publicación de estos documentos, que se produce cuando se está
celebrando en París la cumbre del clima COP21, supone un edificante
ejemplo del
doble discurso. Mientras los dirigentes políticos de todos los países defienden al unísono la necesidad de adoptar un crecimiento
verde, de luchar contra el cambio climático, otros
responsables de los mismos países negocian entre bambalinas
para tratar de arrancar el mayor número posible de concesiones, para
dinamitar las reglas medioambientales “contrarias a la gran
liberalización comercial". La asociación Public Services International,
que trabaja conjuntamente con WikiLeaks en el acuerdo TISA, también ha
subrayado la existencia de este doble juego. “Mientras los jefes del
Estado se disponen a firmar un acuerdo internacional en París contra el
cambio climático, sus negociadores se dan cita en Ginebra para elaborar
secretamente un nuevo acuerdo comercial que
permitirá aumentar las prospecciones de energías fósiles y que perjudicará todavía más al clima”, indica en un comunicado hecho público al mismo tiempo que los documentos de WikiLeaks.
Porque, ante todo, se trata ante todo de
un gran negocio.
Cuando se lee el proyecto TISA, dirigido a acabar con las barreras
reglamentarias, entre otras, en los servicios energéticos, el texto
parece escrito expresamente para gigantes como Bechtel, Halliburton,
Schlumberger, Veolia o Engie (antigua GDF-Suez), en lugar de dirigirse a
empresas innovadoras que trabajan en el sector de las renovables.
Noruega e Islandia no lo dudaron. Ambos países, muy implicados en la
energía y en la transición energéticas, han hecho una propuesta común en
el marco de las negociaciones secretas. Ésta, publicada por WikiLeaks,
revela la intención general de las negociaciones: la pérdida total de la
soberanía de los Estados en materia energética para dejar paso a los
“especialistas”, los gigantes del sector.
Mientras abogan por la
supresión de barreras contra la introducción de una mayor competencia en los servicios,
ambos países insisten en que “cada parte [en los textos de TISA ya no
se habla de Estados] conserva el derecho a regular e introducir o
mantener medidas relativas a los servicios energéticos con el fin de
responder a los objetivos legítimos de política nacional”. ¿Se ha
planteado la limitación del poder de los Estados en este campo para que
ambos Estados se vean impelidos a recordar sus derechos? La explicación
que han dado los dos países en un
argumentario,
que viene a completar el proyecto y publicado también por WikiLeaks,
hace sospechar lo peor: “El derecho de las partes a regular los
servicios y a introducir nuevas regulaciones para responder a objetivos
políticos nacionales es particularmente pertinente en lo que respecta a
los servicios energéticos”, señalan ambos países.
Dicho esto, ¿qué contiene el proyecto elaborado por los grandes
negociadores para que Noruega e Islandia hagan hincapié en recordar que
“los compromisos alcanzados en materia de liberalización de los
servicios energéticos
no limitan en modo alguno la soberanía o los derechos de las partes sobre los
recursos energéticos”?
Ambos país puntualizan los derechos exclusivos que los países tienen
derecho a conservar, en su opinión. Preconizan que los Estados mantienen
derechos exclusivos “para determinar las zonas geográficas que pueden
ser objeto de prospecciones, de desarrollo y de explotación de sus
recursos energéticos, para determinar el ritmo al que estos recursos se
reducen o explotan y sobre los impuestos, royalties o cualquier otro
pago vinculado a estas exploraciones y explotaciones, para regular los
aspectos medioambientales y sanitarios de estas explotaciones, para
poder participar en proyectos de explotación y de exploración, entre
otros, a través de las participaciones directas del Gobierno o a través
de las empresas estatales”.
En el mundo de los servicios globalizados
La simple enumeración da escalofríos. ¿Se trata simple y llanamente de
una precaución de juristas y abogado que consideran que es mejor decir
las cosas que callárselas para evitar cualquier contestación futura?
¿Acaso los negociadores de TISA quieren ir mucho más lejos a la hora de
cuestionar las prerrogativas de los Estados en estos ámbitos?
Las
multinacionales ya no ocultan su voluntad por acabar con todas las obligaciones medioambientales y legislativas
que les imponen los Estados, ya que suponen un obstáculo, según
argumentan, para el desarrollo y la explotación de los recursos
energéticos y mineros.
En las negociaciones sobre los transportes
prevalece el objetivo de desregular el sector a toda costa,
la contestación de cualquier poder estatal predominante. Los documentos
publicados por Wikileaks sólo aluden a una única actividad relacionada
con los transportes, el
transporte por carretera. Se trata sin duda del ámbito que más interesa a los “buenos amigos de los servicios”.
En su opinión,
no deben existir obstáculos a los grandes viajes por carretera. Algunos recomiendan que “las partes deben reconocer el
papel esencial de las rutas internacionales
para el transporte de bienes perecederos y que el transporte de dichas
mercancías no pueden posponerse indebidamente por normas viarias, en
particular por aquéllas que restringen los transportes determinados
días”. De modo que, de adoptarse el texto, las restricciones de
circulación para vehículos de mercancías, los fines de semana en
Francia, una medida que muchas veces ya no se respecta, pasaría a ser
ilegal.
En esta misma línea, las disposiciones para limitar el transporte por
carretera, para hacer pagar el tránsito internacional, imponer el
transporte combinado carretera-ferrocarril, como en Suiza, por ejemplo,
también serían consideradas
prácticas contrarias a la competencia y, por ende, juzgadas ilegales. “Las partes deben
abolir y abstenerse
a la hora de introducir el menor obstáculo administrativo y técnico que
pueda suponer una restricción disfrazada o tener efectos
discriminatorios sobre la
libertad de servicios en el transporte internacional”,
se propone. Con una cláusula así, es imposible que tengan en mente
poner en marcha políticas dirigidas a limitar u organizar el transporte
por carretera.
Pero la cosa no queda aquí. El proyecto prevé que los Estados no puedan
imponer restricción alguna a las habilitaciones otorgadas a los
conductores. Sugiere incluso que
éstos renuncien a su control del territorio
y delegue la concesión de permisos a otros. Propone que esta labor
quede en manos de las asociaciones de transportes, que harían de
intermediarios y se presentarían como garantes en la concesión de los
permisos para sus miembros. Estas asociaciones podrían otorgar permisos
anuales incluso plurianuales, en lugar de los Estados.
Bienvenidos al mundo de los servicios globalizados, de
los trabajadores desplazados, sin derechos ni legislación que les
ampara. “Si sale adelante el proyecto TISA, en el transporte por
carretera asistiremos a lo que ha sucedido en otros sectores: va a
servir para
consolidar el poder de las multinacionales”, avisan Mac Urata y Sarah Finke, responsables de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, en una
respuesta
también publicada por Wikileaks. “La ITF cree que es importante que los
Gobiernos promuevan políticas de transportes en consonancia con el
nivel de desarrollo de los países. En principio, cada país debería basar
sus políticas en objetivos y programas sociales y económicos […] No es
el modo en que los campeones de TISA quieren organizar el mundo. Las
consecuencias combinadas de las proposiciones de TISA supondrían
importantes obstáculos para cualquier Estado
deseoso de invertir y gestionar sus infraestructuras nacionales, por
planificar sus desarrollos o defender normas sociales y sanitarias en la
industria del transporte”, denuncian, antes de recordar la repercusión
negativa para el sector de los conductores del Este, explotados e
infrapagados. “Y por supuesto, este texto ha sido negociado en secreto,
sin ser sometido a debate, sin que exista la posibilidad de incluir
cláusulas medioambientales o sociales”, denuncian.
Así funciona el mundo de los “buenos amigos de los servicios”. Mientras
los dirigentes políticos nacionales y europeos callan, guardan silencio
sobre unas negociaciones tan opacas como el Tratado Trasatlántico.
¿Durante cuánto tiempo van a seguir ocultando su juego?
Más información: http://www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2015/12/05/wiki_leakos_41701_1044.html
