La matanza de 20.000 delfines, marsopas y ballenas pequeñas ocurre en Japón cada año a partir del 1 de septiembre y generalmente continuando hasta marzo del próximo año
Más información: http://www.seashepherd.org/cove-guardians/
domingo, 25 de agosto de 2013
“El capitalismo no se puede cambiar, se tiene que destruir”
Birgitta Jónsdóttir (Reikiavik, 1967) es una luchadora optimista. Una mujer convencida de que el siglo XXI será el de la gente corriente. El siglo en el que la ciudadanía despertará para cambiar las reglas del juego. Desde hace años centra su lucha en garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, a los hechos, para que puedan tomar decisiones. Diputada islandesa, excolaboradora de Wikileaks y poetisa, ha hecho de la libertad de información y expresión su bandera, y preside el International Modern Media Institute, una iniciativa que pretende convertir Islandia en un refugio seguro para informadores y filtradores.
“Tenemos que colaborar para ir contra la corriente”, dice en conversación telefónica desde la capital islandesa. “Hay mucha gente que no quiere ser parte de este monstruo que hemos creado en el nombre del capitalismo”.
Jónsdóttir habla con un tono de voz muy tranquilo y se ríe a menudo de sus propias ocurrencias. Sus respuestas denotan que, en cierto modo, pertenece a la escuela de los que piensan que el método es el camino. “Yo no tengo todas las soluciones, gracias a Dios, pero creo que si recabamos las ideas que se están poniendo a funcionar en muchos sitios del mundo, podemos crear muchos modelos distintos para sociedades distintas”.
Fue a finales de 2009 cuando esta mujer de 46 años decidió lanzarse al ruedo político. La indignación de los ciudadanos islandeses estaba en lo más alto tras el colapso financiero. No dudó en involucrarse en la creación de El Movimiento, un partido nacido al calor de las protestas ciudadanas. En apenas ocho semanas consiguieron un 7% de los votos.
Pero fue un partido para un momento concreto, integrado por gentes de muy distintas procedencias.
A finales de 2012 puso en marcha el Partido Pirata islandés, con el que consiguió tres escaños en las elecciones de abril. Libertad de información y de expresión, democracia directa, privacidad y reformas de las leyes de patentes y derechos de autor son algunas de las batallas de su nueva formación.
Pregunta. ¿Qué es lo que los líderes del mundo aún no han entendido?
Respuesta. No han entendido que estamos en el siglo XXI y que nuestro modo de comunicarnos y de compartir información lo ha transformado todo radicalmente. No entienden que se está produciendo una revolución de la información que va muy rápido. Pero sí que han entendido cómo abusar de esas nuevas formas de comunicación que utilizamos, invadiendo nuestra privacidad, socavando los cimientos de nuestras democracias. Vivimos en un mundo en que el periodista ya no puede proteger a sus fuentes, donde los médicos no pueden garantizar la privacidad de sus pacientes… Los líderes mundiales no entienden el daño que están causando. Tampoco comprenden el significado de las palabras sostenibilidad o transparencia.
Jónsdóttir está experimentando con fórmulas de democracia directa desde las filas del Partido Pirata. Los ciudadanos ya pueden enviar a su formación propuestas para que sean trasladadas al Parlamento a través del programa Better Iceland. Las cinco más votadas serán presentadas. El programa está en pañales, pero en octubre comenzará a funcionar. “Lo que queremos conseguir es esa idea de la democracia líquida. Todos estamos viendo, en todo el mundo, que nuestros sistemas no funcionan porque fueron creados hace mucho tiempo, en sociedades muy distintas a la nuestra”. Dice que la democracia representativa está agotada, que los representantes del ciudadano no tienen que ser políticos profesionales. “¿Cómo hacemos para conseguir que la gente en general pueda participar en la cocreación de las sociedades en que vivimos? Tenemos que ir hacia estructuras más pequeñas y al mismo tiempo necesitamos poder transferir nuestro voto a personas en las que confiemos”.
P. Además de mejorar los mecanismos de democracia directa, ¿qué más habría que hacer?
R. Lo fundamental es empezar, ya mismo, a pensar qué futuro queremos tener como humanidad. Todo el mundo entiende qué es lo que va mal, pero muy poca gente tiene soluciones. Tenemos que reunir a todos los visionarios, a la gente que está buscando salidas. Yo no quiero que el futuro sea crear una colonia en Marte, y sé que todavía tenemos tiempo para darle la vuelta a todo. Nuestras sociedades están completamente rotas.
P. Pero, ¿qué medidas concretas habría que adoptar? ¿Qué habría que hacer hoy, por ejemplo, con respecto a la economía?
R. Tenemos que rehacer el sistema. Yo lo que estoy haciendo, y por eso intenté entrar en el Parlamento por un corto periodo de tiempo, es tratar de comprender cómo funcionan las cosas para evitar cometer los mismos errores que los demás y poder así encontrar maneras de desmantelarlas. Lo que considero más urgente es encontrar el modo de salir de este increíble y loco consumismo y hallar vías sostenibles para nuestras comunidades. En temas económicos, me pregunto: ¿por qué no hay más sitios que funcionan como Mondragón —empresa basada en la cultura cooperativista en la que el capital es un instrumento subordinado al trabajo—? Necesitamos visionarios, contadores de historias, académicos, ciberpunkis, hackers… Y tenemos que involucrar a los más jóvenes.
P. ¿Qué lecciones se pueden extraer de toda la crisis que se ha vivido en su país?
R. Aquí empezamos muy bien, tras la crisis pusimos ideas en común para ver qué podíamos hacer para evitar que se produjera otra. Ustedes tuvieron una muy buena experiencia en España, cuando tuvieron su movimiento de mayo y consiguieron que gente de grupos muy distintos trabajaran juntos. Pero el error que cometieron fue el de no plantar nuevas semillas en el Parlamento y en los lugares donde se toman las decisiones; porque no se pueden cambiar las cosas solo desde fuera; es necesaria la presión desde dentro. Hay que tener a activistas normales en los centros de poder que estén dispuestos a entrar durante un corto periodo de tiempo para usarlos como una plataforma en la que recabar información y crear un puente con la gente, por ejemplo. Pero en Islandia no fuimos lo suficientemente rápidos, de modo que la Constitución que queríamos reescribir parece que no será reescrita. El Gobierno que tomó el poder fue muy lento y quiso hacer demasiadas cosas a la vez, en vez de centrarse en cómo cambiar la infraestructura, que es una prioridad.
P. Y con el nuevo Gobierno de David Gunnlaugsson esto no va a ocurrir.
R. Tenemos un Gobierno tremendo. La ventana de oportunidad para el cambio, durante una crisis, es pequeña y se abre y se cierra muy rápido. Aquellos que en el mundo queremos un cambio tenemos que estar preparados para la siguiente crisis, tener los textos legales, conocer las infraestructuras y saber utilizar estas crisis, porque tendremos más. Las crisis son geniales, son lo mejor que puede ocurrir: son la única fuerza que mueve a la gente a unirse y pedir cambios. Es el único momento en que la gente no teme el cambio, porque siente que ya hay uno en marcha y lo abraza. Puede ser un cambio a peor, con el que la gente esté dispuesta a sacrificar sus derechos; o puede ser a mejor, para reclamar más derechos.
P. ¿Hay que cambiar el capitalismo, por ejemplo? ¿Es el capitalismo el problema?
R. El capitalismo no se puede cambiar, se tiene que destruir, destrozar. Pero no quiero ningún ismo, no hay un solo sistema que sea la solución. Lo único que sí que hay que hacer es ser más sostenibles en nuestras comunidades. Tenemos que ser conscientes del coste que supone lo que consumimos; del problema de las pensiones: con tanta gente joven desempleada, ¿quién va a pagar las pensiones en los próximos 20 años? Es obvio que nuestros sistemas no funcionan, así que tal vez tengamos que volver atrás y ver qué es lo que funcionaba antes…
P. Cuando dice volver atrás, ¿a qué se refiere?
R. No soy tan vieja, aunque soy un poco vieja, pero crecí en una familia en la que mi bisabuela vivía con nosotros, nunca tuve que ir a la guardería; y no soy una inadaptada social por ello. No sé qué ha pasado con toda la sabiduría que tenían mis ancestros. La gente ya no sabe hacer salsas; las compra empaquetadas. Tal vez tengamos que volver atrás y recuperar conocimientos que se perdieron. Igual no debemos mandar a los mayores a residencias, porque es horripilante lo que pasa allí, están siendo privatizadas, no les cuidan bien… Tenemos que volver a los valores de sociedades más pequeñas, y cuidar los unos de los otros, porque el sistema no se va a ocupar de nosotros.
Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/23/actualidad/1377252161_022233.html
La nueva mirada de la resistencia saharaui
Una nueva generación de saharauis empieza a alzar la voz en la lucha por recuperar el territorio ocupado por Marruecos desde 1975. Más preparados, más críticos, muchos han vivido en el extranjero. A su vuelta a los campamentos de Tindouf reclaman con urgencia el fin un exilio en el que han vivido siempre.
Para muchos de estos jóvenes, la opción de la lucha armada se hace cada vez más necesaria ante la pasividad de la comunidad internacional en un conflicto que dura ya cerca de 40 años.
Para muchos de estos jóvenes, la opción de la lucha armada se hace cada vez más necesaria ante la pasividad de la comunidad internacional en un conflicto que dura ya cerca de 40 años.
La mayoría de los jóvenes saharauis nunca han pisado el suelo de la antigua colonia española, ocupada por Marruecos desde 1975. Pero recuperar esta franja de tierra marca hoy buena parte de su día a día. Nacidos en las jaimas del desierto argelino, la hammada, como se conoce esta zona del Sahara donde el calor en verano ronda los 50 grados, la mayoría de ellos han estudiado en otros países. España, Argelia, Francia, Libia. Cuando vuelven a los campamentos apenas tienen con qué matar el tiempo.
Los jóvenes saharauis de hoy tienen muy poco qué ver con la generación de sus padres. Más preparados, más viajados, más conectados entre sí. Como a cualquiera en esas edades, su paso por otros países les ha abierto la mente, y aprovechan cada segundo de Internet que les permite la precariedad de los campamentos.
La lucha, en fememino
“Sabemos que tenemos derecho a participar”, dice Suleima venciendo su timidez. Ella forma parte de las Brigadas Summud, una asociación juvenil que entre otras actividades apoya a mujeres divorciadas, con muchos hijos o en la cárcel. A sus 26 años, se alegra de que las jóvenes que han estudiado fuera estén “empujando el cambio” para que más mujeres se animen a participar en organizaciones como la suya.
Aunque las mujeres saharauis disfruten de mayores libertades que en otros países árabes, Suleima detalla las barreras que se encuentran en el momento en que desean implicarse en la vida pública. “Cuando la mujer participa tiene otro punto de visto y por eso son más criticadas”. Además Suleima se queja de que en ocasiones “se sospecha” de una mujer si consigue un cargo importante, o se le tacha de “no limpia” si trabaja con hombres.
A pesar de esto, el conflicto territorial une posturas más allá de los conflictos de género. “Si se cierran las puertas a la vía pacífica las mujeres apoyaremos igualmente la guerra”, responde sin dudar un instante Suleima.
Las armas “a mano”
La participación de la mujer en la vida política es uno de los aspectos clave de los nuevos aires que trae la juventud saharaui. En los últimos años, el porcentaje de diputadas en el Parlamento ha ascendido al 30% y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis adquiere cada vez mayor protagonismo.Tras el Alto el fuego en 1991, apenas se ha dado ningún paso para la celebración de una consulta de autodeterminación del Sahara Occidental. Los jóvenes saharauis vuelven la mirada al Frente Polisario, que les dice que hay que ser pacientes, que hay que agotar la vía diplomática y seguir negociando en el marco de las Naciones Unidas. Pero muchos jóvenes han dejado de creer en esa estrategia, y aunque mantengan respeto “a los legítimos representantes” se muestran mucho más críticos frente las decisiones de los dirigentes polisarios.
Kori tiene 27 años, es miembro de la Junta Directiva de Cooperación y del Consejo Nacional de Estudiantes. Este cargo le permite estar en contacto con la realidad de otros países árabes y con saharauis que estudian en el extranjero. Es uno de esos pocos que aún confía en la vía pacífica, pero reconoce que con la negativa de la ONU de incluir la protección de los derechos humanos en la misión para el Sáhara Occidental se esfuma uno de los pocos argumentos que le quedaba para defenderla.
Kori habla con serenidad, relajado. Cuida cada palabra en un casi perfecto castellano. Tal vez por eso, impresiona más la contundencia de su mensaje. Según él, la opción de volver a la guerra “está a mano” y “es compartida por saharauis en todo el mundo”. “Si se toma la vía armada todos los saharauis vamos a seguirla”, añade sin cambiar su tono de calma.
Y la Red saltó el muro
Los jóvenes saharauis viven entre dos mundos aparentemente opuestos, el de la tradición y las nuevas tecnologías. Un ejemplo. Al conocerse, se saludan con el cruce frases hechas que marca el protocolo hassaní. Al despedirse lo que muchas veces se intercambian son los nombres de sus perfiles en Facebook.
Luchaá forma parte de “Gritos contra el muro”. Una de tantas organizaciones juveniles que han aflorado en los últimos años al margen de las estructuras del Frente Polisario. Cada mes organizan una protesta frente esta defensa militar de más de 2.500 kilómetros que, con minas a sus flancos, cruza de norte a sur la antigua colonia española.
“Tengo 27 años y nunca he pisado mi país”. Luchaá nunca ha ido más allá del muro. Pero con frecuencia habla por Skype con los jóvenes saharuis que se encuentran detrás de él. “Internet ayudó muchísimo, a pesar de los pocos medios que tenemos”, apunta. Para coordinarse entre los propios activistas que viven separados entre sí. Y para hacer llegar su mensaje más allá del silencio mediático general que rodea este conflicto. Condenados a manifestarse en medio del desierto, si la organización de Luchaá no ‘subiera’ sus manifestaciones a Youtube, apenas nadie sabría de su existencia.
Ése es precisamente el cometido de Equipe Media, otra organización de jóvenes saharauis, pero éstos residentes en el Sahara Occidental. Graban las protestas que se producen en los territorios ocupados, así como los testimonios de las detenciones, palizas y torturas que suelen producirse como represalia a continuación. Además, este uso de la red parece contagiarse a los mayores. AFAPREDESA, la asociación saharaui más importante de derechos humanos, ya no sólo envía firmes comunicados de condena. Ahora también publica vídeos como este de agresiones a mujeres.
“Vivimos como moscas”
El debate sobre la guerra está abierto en todas las capas de la sociedad saharaui. Si la vía diplomática no avanza pronto en la celebración de un referendum, parece claro que la apuesta de la próxima generación que llegue al poder será volver a la lucha armada. “Yo le doy 4 ó 5 años”, para que esa situación se produzca, dice Luchaá. Como tantos otros, él estaría dispuesto a participar mañana mismo en esa hipotética guerra, a pesar de que se ser consciente de su clara inferioridad militar. Sólo esperan que el Polisario chasquee un dedo en ese sentido.
Puede sus frases sólo sean un discurso, una pose ante las visitas extranjeras, pero en los campamentos de Tindouf es casi imposible encontrar un joven que esté dispuesto a mantenerse de brazos cruzados si la situación no se resuelve en los próximos años. “Vivimos como moscas dentro de una botella, sin dignidad”, se lamenta Luchaá.
“Si no cogemos las armas nunca va a haber referendum”, opina Hakima. Cuenta que su padre murió en el frente cuando ella tenía apenas 2 años. En la misma guerra que ahora ella parece resignada a reanudar, tras más de dos décadas de alto el fuego. Asegura que no está dispuesta a que sus hijos crezcan en los campamentos. Y cuando Hakima dice algo mirándote a los ojos, resulta muy difícil no creerlo.
Fuente: http://periodismohumano.com/en-conflicto/la-nueva-mirada-de-la-resistencia-saharaui.html
sábado, 24 de agosto de 2013
Un patio
Con la tarde
se cansaron los dos o tres colores del patio.
Esta noche, la luna, el claro círculo,
no domina su espacio.
Patio, cielo ancauzado.
El patio es el declive
por el cual se derrama el cielo en la casa.
Serena,
la eternidad espera en la encrucijada de estrellas.
Grato es vivir en la amistad oscura
de un zaguán, de una parra y de un aljibe
se cansaron los dos o tres colores del patio.
Esta noche, la luna, el claro círculo,
no domina su espacio.
Patio, cielo ancauzado.
El patio es el declive
por el cual se derrama el cielo en la casa.
Serena,
la eternidad espera en la encrucijada de estrellas.
Grato es vivir en la amistad oscura
de un zaguán, de una parra y de un aljibe
El Fascismo Social
En el momento actual, un nuevo concepto gana auge en las redes sociales y en los trabajos de los estudiosos de la política y el derecho: el fascismo social. Su creador es el sociólogo portugués Boaventura De Sousa Santos, que lo definió como un régimen social y civilizacional, una forma de fascismo pluralista que trivializa la democracia en favor de los intereses del sistema económico y sus grupos más favorecidos.De Sousa define cuatro tipos de fascismo social. El primero, el fascismo del apartheid social, se caracteriza por la división de la ciudad en zonas salvajes y zonas civilizadas. El segundo, el fascismo contractual, es la expresión del abuso de posición dominante que ejerce el capital y se expresa gravemente con el florecimiento de los contratos mercantiles, que suponen el estadio final de la flexibilización. El tercero, el fascismo de la inseguridad, tiene que ver con la precariedad laboral y los múltiples riesgos para la salud que acompañan a ésta; los cuales generan en las trabajadoras y los trabajadores una fuerte ansiedad e incertidumbre. Y el cuarto, el fascismo financiero, parte de la lógica que controla los mercados financieros, una lógica de casino individualizado cuyas estrategias permean hacia instituciones como el Fondo Monetario Internacional o los bancos centrales.
El incremento de la desigualdad y la polarización social es el resultado de todas estas formas de fascismo social. Una crisis económica, social y política cuyas consecuencias marcarán nuestras vidas por muchos años.
Fuente: http://sociologianecesaria.blogspot.com.es/2013/07/fascismo-social.html?spref=fb
Estados Unidos es la nueva zona de guerra
El 30 de Julio de 1778, el Congreso Continental creó la primera ley de protección al whistleblower (NdT: literalmente, “el que sopla el silbato”; se utiliza para miembros de una organización que revelan o denuncian información secreta de interés público que esa organización oculta), en la que establece “que es el deber de todas las personas que están en el servicio de los Estados Unidos dar la más temprana información al Congreso u otras autoridades competentes sobre cualquier inconducta, fraude o delito cometido por cualquier funcionario o persona al servicio de esos estados”.
Doscientos treinta y cinco años más tarde, el 30 de julio de 2013, Bradley Manning fue hallado culpable en 20 de los 22 cargos por los cuales fue procesado: específicamente por “espionaje” y por los videos de las atrocidades de guerra que difundió, pero no por “ayudar al enemigo”.
Días después del veredicto, con las audiencias para sentencia en las que Manning podría recibir 136 años de prisión en marcha, los comentaristas han tenido su oportunidad de hablar. El problema es que han olvidado el aspecto más aterrador del caso Manning: el modo en que nos conduce, casi inadvertidos, hacia una Norteamérica Posconstitucional.
Incluso antes de que comenzara el juicio contra Manning, el aspecto de esa nueva Norteamérica estaba asomando. En años recientes, armas, tácticas y técnicas desarrolladas en Irak y Afganistán, así como en la guerra contra el terror, han comenzado a llegar a “la patria”.
Consideren, por ejemplo, el surgimiento del policía guerrero, departamentos de policía crecientemente artillados a lo largo del país, a menudo llenos de ex personal militar alentado a utilizar toda clase de tácticas duras como las que alguna vez implementaron en zonas de combate. Para apoyaron hay toda clase de armas que alguna vez hubiera sido inconcebibles en departamentos de policía, incluyendo vehículos blindados –típicamente comprados con fondos del Departamento de Seguridad Interior. Recientemente, el director del FBI informó a un comité del Senado que el Bureau estaba desplegando sus primeros drones sobre los Estados Unidos. Mientras tantos, Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras), parte del Departamento de Seguridad Interior y con ya una expansiva flota de drones Predator en el aire, exactamente los mismos que se utilizan en zonas de guerra, está ansioso por armarlos con armamento “no letal” para “inmovilizar objetivos de interés”.
Sobre todo, la tecnología de vigilancia ha llegado a casa desde nuestras lejanas zonas de guerra. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), por ejemplo, fue pionera en el uso de teléfonos celulares para rastrear los movimientos de potenciales enemigos en Irak y Afganistán. La NSA hizo esto de varios modos. Con el objetivo de encender los celulares en forma remota como monitores de audio o como aparatos GPS, se podían enviar señales clandestinas a través de una red ya existente o se podía implantar un programa de la NSA bajo el disfraz de una descarga de porno o de juegos.
Utilizando falsas torres de señal de celular que en verdad las interceptaban en su ruta hacia las torres reales, los Estados Unidos podían cosechar información dura en Irak y Afganistán que etiquetarían por siempre un teléfono y permitirían a la NSA identificarlo en forma distintiva por siempre, incluso si se cambiarse la SIM card. Las falsas torres de señales también permitían a la NSA recolectar información sobre la ubicación precisa del teléfono, aspirar los metadatos y monitorear lo que se decía.
En cierto momento, más de 100 equipos de la NSA barrían Irak en busca de trocitos de información electrónica que pudiera ser útil a los planificadores militares. El director de la agencia, General Keith Alexander, cambió todo eso: ideó una estrategia llamada Real Time Regional Gateway para capturar todo mensaje de texto, llamada de teléfono, mensaje de correo e interacción en redes sociales en Irak. “En lugar de buscar una sola aguja en el pajar, su enfoque fue: ‘Juntemos todo el pajar’”, contó un ex alto oficial de inteligencia norteamericana. “Recolecten todo, etiquétenlo, almacénenlo y, lo que sea que quieran, búsquenlo”.
¿Suena familiar, Mr. Snowden?
Gracias a Edward Snowden, sabemos ahora que la técnica de “recoléctenlo todo” empleada por la NSA en Irak serían muy pronto utilizada para recoger los metadatos y otra información electrónica disponible en los Estados Unidos, incluyendo transacciones con tarjeta de crédito, compras de pasajes aéreos y registros financieros. En el vasto y nuevo centro de información que está construyendo en Bluffdale, Utah, por dos mil millones de dólares, y en otros sitios, la NSA sigue su guión de grabarlo todo, de modo que, si un norteamericano se vuelve un objetivo, su historia pueda ser peinada. Tales búsquedas no requieren aprobación de un juez o siquiera de un supervisor de la NSA. Según resultó, el trabajo fue más fácil de realizar en los Estados Unidos que en Irak, ya que las compañías de Internet y los proveedores de servicios telefónicos están obligadas por una ley secreta a entregar la información requerida, formateada prolijamente, sin necesidad de un complicado espionaje.
Cuando los Estados Unidos querían algo en Irak o Afganistán, enviaran gente a patear puertas y tomarlo. Esto, también puede estar comenzando a ocurrir en casa. Recientemente, pese a que había otros objetos valiosos y fácilmente portables cerca, computadoras y sólo computadoras fueron robadas de las oficinas legales que representan a la whistleblower del Departamento de Estado Aurelia Fedenisn. En forma similar, un estudio de Washington que representa al whistleblower de la NSA, Tom Drake, sufrió el robo de computadoras, y sólo computadoras, de su oficina.
En estos años, el FBI ha traído otras dos herramientas de guerra de la NSA a casa. El Bureau utiliza ahora un aparato llamado Stingray para recrear esas falsas torres de señal de cellular y rastrear personas en los Estados Unidos sin su conocimiento. Stingray ofrece algunas ventajas únicas: elude completamente a la compañía telefónica, lo que, por supuesto, es útil en una zona de guerra en la que puede estar controlada por tipos poco cooperativos, o si no cooperan más con el gobierno, o simplemente si uno no quiere que la compañía o alguien más sepa que uno está espiando. Las compañías telefónicas norteamericanas parecen haber sido bastante cooperativas. Verizon, por ejemplo, admite haber infiltrado sus propios módems de celularse (“air cards”) para facilitar la intrusión del FBI.
El FBI también sigue el ejemplo de la NSA en implantar programas espías y otros similares desarrollados para nuestras zonas de guerra, de forma secreta y remota en computadoras y celulares norteamericanos. El Bureau puede encender en forma remota los micrófonos de teléfonos y laptops, incluso las webcams, para monitorear a los ciudadanos, y se puede extraer o implantar archivos en una computadora.
Entre los últimos ejemplos de tecnología de guerra que hacen el viaje de regreso a la patria está el aerostat, un dirigible amarrado de tamaño mediano. Cualquiera que haya servido en Irak o Afganistán lo reconocerá, ya que uno o más de ellos volaban sobre casi toda base militar de cierto tamaño o importancia. El Ejército anunció recientemente planes para operar dos dirigibles de este tipo sobre Washington, D.C., a partir de 2014. En teoría sólo estarán allí como defensas antimisilísticas, aunque en nuestras zonas de guerra son utilizados como plataformas masivas de vigilancia. Como muestra de la clase de sistemas de vigilancia con que están equipados estos dirigibles en el exterior –pero que el Ejército dice que no tendrán en casa–, vean el Gorgon Stare, un sistema que puede transmitir imágenes en vivo de una ciudad entera. Y, a diferencia de los drones, un dirigible jamás necesita aterrizar. Jamás.
Entonces: de nuevo a Bradley Manning.
A medida que el armamento y la tecnología de guerra llegó a casa, también lo hizo una nueva definición de justicia, cada vez mas Guantanamizada. Esto es algo que dejó en claro el caso Manning.
Para empezar, Manning fue tratado de modo similar a los prisioneros de la guerra contra el terror de los Estados Unidos en Guantánamo y los sitios clandestinos que la administración Bush montó en todo el mundo. Levantado en el “campo de batalla”, Manning fue mantenido incomunicado en una jaula en Kuwait durante dos meses sin acceso a un abogado. Luego, pese a ser un miembro activo del Ejército, fue entregado a los Marines, que también custodian Guanánamo, para ser retenido en una prisión militar en Quantico, Virginia.
Siguieron tres años de detención cruel, en los que, como bien podría haber ocurrido en Gitmo, Manning, mantenido en aislamiento, fue privado de ropa, comunicaciones, consejo legal y sueño. El régimen de privación el sueño que le fue impuesto ciertamente cumple con todos los estándares –excepto los de Washington y, posiblemente, Pyongyang— que califican para la tortura. A cambio de este abuso, incluso después de que un juez sentenciara formalmente que había sido sujeto a un tratamiento excesivamente duro, Manning sólo obtendrá una reducción de 112 días de su eventual condena.
La administración Obama decidió que Manning sería procesado como soldado ante una corte militar. En la sala de audiencias, ubicada en el interior de una instalación militar que también alberga los cuarteles de la NSA, había una atmósfera impactantemente similar a un gulag. Su juicio fue montado en base a evidencias y testigos secretos; se implantaron restricciones severas a la prensa –el Ejército negó pases de prensa a 270 de 350 medios que los solicitaron; y hubo una clara apariencia de injusticia. Entre otras cosas, el juez dictaminó contra casi todas las mociones de la defensa.
Durante los meses del juicio, las Fuerzas Armadas norteamericanas rehusaron difundir las transcripciones oficiales de las audiencias. Incluso a un dibujante privado de tribunales le fue prohibida la entrada. La periodista independiente y activista Alexa O’Brien tomó para sí la tarea de asistir diariamente al juicio, desafiar al Ejército y realizar un registro no oficial de las audiencias a mano. Posteriormente, policías militares armados fueron ubicados detrás de los reporteros que escuchaban los testimonios. Sobre todo, la sensación de que el destino de Manning estaba ya determinado difícilmente podía ser eludida. Después de todo, el presidente Obama, ex profesor de Derecho Constitucional, lo proclamó, en esencia, culpable ya en 2011, y el Departamento de Defensa no hesitó en declarar en términos más generales que “filtrar información es equivalente a ayudar a los enemigos de los Estados Unidos”.
Como en Guantánamo, reglas sobre la evidencia que se remontan incluso hasta la temprana ley común inglesa fueron revertidas. En el caso de Manning, fue condenado por espionaje, aunque la fiscalía no tuvo que probar siquiera su intento de ayudar a otro gobierno o que haya causado daño alguno: una corte civil ya había abierto el camino para este tipo de sentencia en otro caso de un whistleblower. Además, se permitió al gobierno calificar a Manning de “traidor” y “anarquista” en la corte, aunque no estaba en juicio ni traición ni por anarquía. A su supervisor en los Estados Unidos e Irak se le permitió testificar en su contra a pesar a haber realizado declaraciones prejuiciadas y homofóbicas en su contra en una película montada para retratar a Manning como un joven triste, confuso sexualmente, en busca de atención, fascinado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Finalmente, la misma jueza que en esencia acosó a la prensa a lo largo del juicio a Manning emitió con 24 horas de antelación su veredicto para asegurar una máxima cobertura sólo del desenlace, no del proceso.
En vista de todo ello, es poco consuelo saber que Manning, apresado por la Ley de Espionaje después de múltiples fracasos de la administración Obama en otros casos, no fue condenado por la extrema acusación de “ayudar al enemigo”.
Algún día, el caso de Manning podrá ser visto como un amago hito en el camino hacia una Norteamérica posconstitucional, pero no como el primero. Inmediatamente después del 11 de septiembre (de 2011), altos oficiales de la administración Bush decidieron “sacarse los guantes”. Pronto, un herido John Walker Lindh, el así llamado Talibán norteamericano, fue capturado en un campo de batalla afgano y retenido en un contenedor marítimo sin ventanas; se le negó acceso a una bogado incluso después de que pidió uno como ciudadano norteamericano, y fue interrogado contra su voluntad por el FBI. Se utilizó el acceso a la atención médica como soborno para extraerle información. La “evidencia” obtenido por tales medios fue luego utilizada para condenarlo en un juicio.
Jose Padilla, un ciudadano norteamericano que complotó torpemente para detonar una inexistente “bomba sucia”, fue mantenido incomunicado durante más de tres años, más de uno de ellos en una celda militar en Carolina del sur. Fue arrestado sólo como testigo material y no fue acusado formalmente de crimen alguno hasta años después. O se le dio medio alguno de apelar su detención mediante un habeas corpus, dado que el presidente Bush lo designó “combatiente enemigo”. Fotos de Padilla siendo trasladado embutido en un equipo a prueba de sonido y de luz sugiere con fuerza que fue sometido a la misma privación sensorial, inducidora de psicosis, que es utilizada como “tortura blanca” contra los enemigos extranjeros en Guantánamo.
Ciertamente, el más egregio caso de justicia pos-constitucional antes de Manning fue la ejecución del ciudadano norteamericano Anwar al-Awlaki por un drone en Yemen, sin el juicio debido, por ser un propagandista de Al Qaeda. En ello, el presidente Obama y sus altos consejeros de contraterrorismo se apropiaron literalmente de los roles de juez, jurado y verdugo. De un modo similar, de nuevo en Yemen, los Estados Unidos mataron al hijo adolescente y norteamericano de al-Awlaki, un muchacho que nadie afirmó que estuviera conectado con el terrorismo. Los abogados de la administración Obama sostuvieron el derecho legal a ejecutar a ciudadanos norteamericanos sin juicio y han admitido que se mató a cuatro norteamericanos. El Fiscal General Eric Holder declaró que la “ciudadanía de los Estados Unidos por sí misma no vuelve a tales individuos inmunes a ser tomados como blanco”.
Preguntado en una audiencia en el Congreso si su organización podía asesinar a un ciudadano norteamericano en los Estados Unidos, el entonces director del FBI, Robert Mueller, replicó que simplemente no sabía. “Tengo que revisar. Eh, no estoy seguro de si esto fue atendido o no”. Añadió: “voy a trasladar esto a otros en el Departamento de Justicia”. Como si compitiera por un premio Orwelliano, un funcionario anónimo de la administración Obama dijo al Washington Post: “Lo que constituye el debido proceso en este caso es un debido proceso en guerra”.
Así que: bienvenidos a la Norteamérica posconstitucional. Sus características, de modo bastante ominoso, están comenzando a tomar forma.
La famosa novela distópica de Orwell, 1984, no pretendía ser un manual de instrucciones, pero apenas días antes del veredicto contra Manning, la administración Obama esencialmente enterró su no irónica promesa de campaña de proteger a los whistleblowers, lanzando la versión de Washington del agujero en la memoria (NdT: en la novela de Orwell, se refiere a la alteración de los registros del pasado para ajustarlos a la nueva versión que se trata de imponer en el presente). Después del 11 de septiembre de 2001, la tortura dejó de ser tortura si la practicaba un norteamericano y quienes la utilizaban ya no eran pasibles de ser procesados por el Departamento de Justicia.
En forma similar, no se considera ya que el espionaje de amplio espectro viole la Cuarta Enmienda y no requiere una causa probable. Analistas de bajo nivel de la NSA tienen acceso en su escritorio a los emails y llamados telefónicos privados de los norteamericanos. La oficina de Coreos fotografía los sobres de cada una de las 160.000 millones de piezas de correo que maneja, recolectando los metadatos de las direcciones de “A:” y “De:”. Un Insider Threat Program (Programa de Amenaza Interna) de la administración Obama exige a los empleados federales (incluyendo a los Cuerpos de Paz) que informen sobre comportamiento sospechoso de sus compañeros de trabajo.
Funcionarios de gobierno preocupados por posibles irregularidades en sus departamentos o agencias que “van por los canales apropiados” son despedidos o sometidos a juicio. A los whistleblowers del gobierno se les ordena regresar para enfrentar la justicia, mientras que a los delincuentes al servicio del gobierno se les permite huir de ella. Los funcionarios de la CIA que destruyen envidencias de tortura salen libres, mientras que un agente de la CIA que sopla el silbato sobre la tortura en encerrado.
Leyes y tribunales secretos pueden crear otras leyes secretas de los que no sabemos para “crímenes” que no sabíamos que existían. No obstante nuestra ignorancia, podemos ser arrestados por cometerlos. Gracias a la Ley Patriótica, ciudadanos, incluso bibliotecarios, pueden recibir una National Security Letter (Carta de Seguridad Nacional) del FBI (sin necesidad de orden judicial) que les exige registros y otra información, y los amordaza y les prohíbe revelar a nadie que es información ha sido requerida o que esa carta fue entregada. Los ciudadanos pueden ser encarcelados sin juicio –y les pueden ser negados sus derechos constitucionales tan pronto sean calificados como “terroristas.” Los abogados y habeas corpus solo están disponibles cuando el gobierno lo permite.
En la última década, 10 veces más empleadores recurrieron a las bases de datos criminals del FBI para investigar a solicitantes de trabajo. La prensa está restringida en lo que se refiere a cubrir “juicios abiertos”. La guerra contra los whistleblowers se está ramificando en una guerra contra la Primera Enmienda. Las personas pueden ser condenadas ahora en base a testimonios secretos de personas innominadas. Las cortes y cárceles militares pueden reemplazar a las civiles. La justicia puede ser retorcida y enmarañada hasta adquirir una forma casi irreconocible y luego utilizada para enviar a un joven a prisión por décadas. Afirmando que sus acciones son legales a la vez que se oculta las opiniones “legales” citadas –a menudo, incluso del Congreso–, el gobierno puede enviar sus drones a asesinar a sus propios ciudadanos.
Una por una, las herramientas y actitudes de la guerra contra el terror, de un mundo en el que los “guantes” se han sacado para siempre, han llegado a casa. La clásica advertencia de Pogo, el personaje de historieta –“Hemos encontrado al enemigo y somos nosotros”—parece cada vez menos una metáfora. De acuerdo con el gobierno, ahora somos de verdad el enemigo.
Doscientos treinta y cinco años más tarde, el 30 de julio de 2013, Bradley Manning fue hallado culpable en 20 de los 22 cargos por los cuales fue procesado: específicamente por “espionaje” y por los videos de las atrocidades de guerra que difundió, pero no por “ayudar al enemigo”.
Días después del veredicto, con las audiencias para sentencia en las que Manning podría recibir 136 años de prisión en marcha, los comentaristas han tenido su oportunidad de hablar. El problema es que han olvidado el aspecto más aterrador del caso Manning: el modo en que nos conduce, casi inadvertidos, hacia una Norteamérica Posconstitucional.
Incluso antes de que comenzara el juicio contra Manning, el aspecto de esa nueva Norteamérica estaba asomando. En años recientes, armas, tácticas y técnicas desarrolladas en Irak y Afganistán, así como en la guerra contra el terror, han comenzado a llegar a “la patria”.
Consideren, por ejemplo, el surgimiento del policía guerrero, departamentos de policía crecientemente artillados a lo largo del país, a menudo llenos de ex personal militar alentado a utilizar toda clase de tácticas duras como las que alguna vez implementaron en zonas de combate. Para apoyaron hay toda clase de armas que alguna vez hubiera sido inconcebibles en departamentos de policía, incluyendo vehículos blindados –típicamente comprados con fondos del Departamento de Seguridad Interior. Recientemente, el director del FBI informó a un comité del Senado que el Bureau estaba desplegando sus primeros drones sobre los Estados Unidos. Mientras tantos, Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras), parte del Departamento de Seguridad Interior y con ya una expansiva flota de drones Predator en el aire, exactamente los mismos que se utilizan en zonas de guerra, está ansioso por armarlos con armamento “no letal” para “inmovilizar objetivos de interés”.
Sobre todo, la tecnología de vigilancia ha llegado a casa desde nuestras lejanas zonas de guerra. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), por ejemplo, fue pionera en el uso de teléfonos celulares para rastrear los movimientos de potenciales enemigos en Irak y Afganistán. La NSA hizo esto de varios modos. Con el objetivo de encender los celulares en forma remota como monitores de audio o como aparatos GPS, se podían enviar señales clandestinas a través de una red ya existente o se podía implantar un programa de la NSA bajo el disfraz de una descarga de porno o de juegos.
Utilizando falsas torres de señal de celular que en verdad las interceptaban en su ruta hacia las torres reales, los Estados Unidos podían cosechar información dura en Irak y Afganistán que etiquetarían por siempre un teléfono y permitirían a la NSA identificarlo en forma distintiva por siempre, incluso si se cambiarse la SIM card. Las falsas torres de señales también permitían a la NSA recolectar información sobre la ubicación precisa del teléfono, aspirar los metadatos y monitorear lo que se decía.
En cierto momento, más de 100 equipos de la NSA barrían Irak en busca de trocitos de información electrónica que pudiera ser útil a los planificadores militares. El director de la agencia, General Keith Alexander, cambió todo eso: ideó una estrategia llamada Real Time Regional Gateway para capturar todo mensaje de texto, llamada de teléfono, mensaje de correo e interacción en redes sociales en Irak. “En lugar de buscar una sola aguja en el pajar, su enfoque fue: ‘Juntemos todo el pajar’”, contó un ex alto oficial de inteligencia norteamericana. “Recolecten todo, etiquétenlo, almacénenlo y, lo que sea que quieran, búsquenlo”.
¿Suena familiar, Mr. Snowden?
Gracias a Edward Snowden, sabemos ahora que la técnica de “recoléctenlo todo” empleada por la NSA en Irak serían muy pronto utilizada para recoger los metadatos y otra información electrónica disponible en los Estados Unidos, incluyendo transacciones con tarjeta de crédito, compras de pasajes aéreos y registros financieros. En el vasto y nuevo centro de información que está construyendo en Bluffdale, Utah, por dos mil millones de dólares, y en otros sitios, la NSA sigue su guión de grabarlo todo, de modo que, si un norteamericano se vuelve un objetivo, su historia pueda ser peinada. Tales búsquedas no requieren aprobación de un juez o siquiera de un supervisor de la NSA. Según resultó, el trabajo fue más fácil de realizar en los Estados Unidos que en Irak, ya que las compañías de Internet y los proveedores de servicios telefónicos están obligadas por una ley secreta a entregar la información requerida, formateada prolijamente, sin necesidad de un complicado espionaje.
Cuando los Estados Unidos querían algo en Irak o Afganistán, enviaran gente a patear puertas y tomarlo. Esto, también puede estar comenzando a ocurrir en casa. Recientemente, pese a que había otros objetos valiosos y fácilmente portables cerca, computadoras y sólo computadoras fueron robadas de las oficinas legales que representan a la whistleblower del Departamento de Estado Aurelia Fedenisn. En forma similar, un estudio de Washington que representa al whistleblower de la NSA, Tom Drake, sufrió el robo de computadoras, y sólo computadoras, de su oficina.
En estos años, el FBI ha traído otras dos herramientas de guerra de la NSA a casa. El Bureau utiliza ahora un aparato llamado Stingray para recrear esas falsas torres de señal de cellular y rastrear personas en los Estados Unidos sin su conocimiento. Stingray ofrece algunas ventajas únicas: elude completamente a la compañía telefónica, lo que, por supuesto, es útil en una zona de guerra en la que puede estar controlada por tipos poco cooperativos, o si no cooperan más con el gobierno, o simplemente si uno no quiere que la compañía o alguien más sepa que uno está espiando. Las compañías telefónicas norteamericanas parecen haber sido bastante cooperativas. Verizon, por ejemplo, admite haber infiltrado sus propios módems de celularse (“air cards”) para facilitar la intrusión del FBI.
El FBI también sigue el ejemplo de la NSA en implantar programas espías y otros similares desarrollados para nuestras zonas de guerra, de forma secreta y remota en computadoras y celulares norteamericanos. El Bureau puede encender en forma remota los micrófonos de teléfonos y laptops, incluso las webcams, para monitorear a los ciudadanos, y se puede extraer o implantar archivos en una computadora.
Entre los últimos ejemplos de tecnología de guerra que hacen el viaje de regreso a la patria está el aerostat, un dirigible amarrado de tamaño mediano. Cualquiera que haya servido en Irak o Afganistán lo reconocerá, ya que uno o más de ellos volaban sobre casi toda base militar de cierto tamaño o importancia. El Ejército anunció recientemente planes para operar dos dirigibles de este tipo sobre Washington, D.C., a partir de 2014. En teoría sólo estarán allí como defensas antimisilísticas, aunque en nuestras zonas de guerra son utilizados como plataformas masivas de vigilancia. Como muestra de la clase de sistemas de vigilancia con que están equipados estos dirigibles en el exterior –pero que el Ejército dice que no tendrán en casa–, vean el Gorgon Stare, un sistema que puede transmitir imágenes en vivo de una ciudad entera. Y, a diferencia de los drones, un dirigible jamás necesita aterrizar. Jamás.
Entonces: de nuevo a Bradley Manning.
A medida que el armamento y la tecnología de guerra llegó a casa, también lo hizo una nueva definición de justicia, cada vez mas Guantanamizada. Esto es algo que dejó en claro el caso Manning.
Para empezar, Manning fue tratado de modo similar a los prisioneros de la guerra contra el terror de los Estados Unidos en Guantánamo y los sitios clandestinos que la administración Bush montó en todo el mundo. Levantado en el “campo de batalla”, Manning fue mantenido incomunicado en una jaula en Kuwait durante dos meses sin acceso a un abogado. Luego, pese a ser un miembro activo del Ejército, fue entregado a los Marines, que también custodian Guanánamo, para ser retenido en una prisión militar en Quantico, Virginia.
Siguieron tres años de detención cruel, en los que, como bien podría haber ocurrido en Gitmo, Manning, mantenido en aislamiento, fue privado de ropa, comunicaciones, consejo legal y sueño. El régimen de privación el sueño que le fue impuesto ciertamente cumple con todos los estándares –excepto los de Washington y, posiblemente, Pyongyang— que califican para la tortura. A cambio de este abuso, incluso después de que un juez sentenciara formalmente que había sido sujeto a un tratamiento excesivamente duro, Manning sólo obtendrá una reducción de 112 días de su eventual condena.
La administración Obama decidió que Manning sería procesado como soldado ante una corte militar. En la sala de audiencias, ubicada en el interior de una instalación militar que también alberga los cuarteles de la NSA, había una atmósfera impactantemente similar a un gulag. Su juicio fue montado en base a evidencias y testigos secretos; se implantaron restricciones severas a la prensa –el Ejército negó pases de prensa a 270 de 350 medios que los solicitaron; y hubo una clara apariencia de injusticia. Entre otras cosas, el juez dictaminó contra casi todas las mociones de la defensa.
Durante los meses del juicio, las Fuerzas Armadas norteamericanas rehusaron difundir las transcripciones oficiales de las audiencias. Incluso a un dibujante privado de tribunales le fue prohibida la entrada. La periodista independiente y activista Alexa O’Brien tomó para sí la tarea de asistir diariamente al juicio, desafiar al Ejército y realizar un registro no oficial de las audiencias a mano. Posteriormente, policías militares armados fueron ubicados detrás de los reporteros que escuchaban los testimonios. Sobre todo, la sensación de que el destino de Manning estaba ya determinado difícilmente podía ser eludida. Después de todo, el presidente Obama, ex profesor de Derecho Constitucional, lo proclamó, en esencia, culpable ya en 2011, y el Departamento de Defensa no hesitó en declarar en términos más generales que “filtrar información es equivalente a ayudar a los enemigos de los Estados Unidos”.
Como en Guantánamo, reglas sobre la evidencia que se remontan incluso hasta la temprana ley común inglesa fueron revertidas. En el caso de Manning, fue condenado por espionaje, aunque la fiscalía no tuvo que probar siquiera su intento de ayudar a otro gobierno o que haya causado daño alguno: una corte civil ya había abierto el camino para este tipo de sentencia en otro caso de un whistleblower. Además, se permitió al gobierno calificar a Manning de “traidor” y “anarquista” en la corte, aunque no estaba en juicio ni traición ni por anarquía. A su supervisor en los Estados Unidos e Irak se le permitió testificar en su contra a pesar a haber realizado declaraciones prejuiciadas y homofóbicas en su contra en una película montada para retratar a Manning como un joven triste, confuso sexualmente, en busca de atención, fascinado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Finalmente, la misma jueza que en esencia acosó a la prensa a lo largo del juicio a Manning emitió con 24 horas de antelación su veredicto para asegurar una máxima cobertura sólo del desenlace, no del proceso.
En vista de todo ello, es poco consuelo saber que Manning, apresado por la Ley de Espionaje después de múltiples fracasos de la administración Obama en otros casos, no fue condenado por la extrema acusación de “ayudar al enemigo”.
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| Thomas Jefferson High School ROTC Students San Antonio Texas 1938 |
Jose Padilla, un ciudadano norteamericano que complotó torpemente para detonar una inexistente “bomba sucia”, fue mantenido incomunicado durante más de tres años, más de uno de ellos en una celda militar en Carolina del sur. Fue arrestado sólo como testigo material y no fue acusado formalmente de crimen alguno hasta años después. O se le dio medio alguno de apelar su detención mediante un habeas corpus, dado que el presidente Bush lo designó “combatiente enemigo”. Fotos de Padilla siendo trasladado embutido en un equipo a prueba de sonido y de luz sugiere con fuerza que fue sometido a la misma privación sensorial, inducidora de psicosis, que es utilizada como “tortura blanca” contra los enemigos extranjeros en Guantánamo.
Ciertamente, el más egregio caso de justicia pos-constitucional antes de Manning fue la ejecución del ciudadano norteamericano Anwar al-Awlaki por un drone en Yemen, sin el juicio debido, por ser un propagandista de Al Qaeda. En ello, el presidente Obama y sus altos consejeros de contraterrorismo se apropiaron literalmente de los roles de juez, jurado y verdugo. De un modo similar, de nuevo en Yemen, los Estados Unidos mataron al hijo adolescente y norteamericano de al-Awlaki, un muchacho que nadie afirmó que estuviera conectado con el terrorismo. Los abogados de la administración Obama sostuvieron el derecho legal a ejecutar a ciudadanos norteamericanos sin juicio y han admitido que se mató a cuatro norteamericanos. El Fiscal General Eric Holder declaró que la “ciudadanía de los Estados Unidos por sí misma no vuelve a tales individuos inmunes a ser tomados como blanco”.
Preguntado en una audiencia en el Congreso si su organización podía asesinar a un ciudadano norteamericano en los Estados Unidos, el entonces director del FBI, Robert Mueller, replicó que simplemente no sabía. “Tengo que revisar. Eh, no estoy seguro de si esto fue atendido o no”. Añadió: “voy a trasladar esto a otros en el Departamento de Justicia”. Como si compitiera por un premio Orwelliano, un funcionario anónimo de la administración Obama dijo al Washington Post: “Lo que constituye el debido proceso en este caso es un debido proceso en guerra”.
Así que: bienvenidos a la Norteamérica posconstitucional. Sus características, de modo bastante ominoso, están comenzando a tomar forma.
La famosa novela distópica de Orwell, 1984, no pretendía ser un manual de instrucciones, pero apenas días antes del veredicto contra Manning, la administración Obama esencialmente enterró su no irónica promesa de campaña de proteger a los whistleblowers, lanzando la versión de Washington del agujero en la memoria (NdT: en la novela de Orwell, se refiere a la alteración de los registros del pasado para ajustarlos a la nueva versión que se trata de imponer en el presente). Después del 11 de septiembre de 2001, la tortura dejó de ser tortura si la practicaba un norteamericano y quienes la utilizaban ya no eran pasibles de ser procesados por el Departamento de Justicia.
En forma similar, no se considera ya que el espionaje de amplio espectro viole la Cuarta Enmienda y no requiere una causa probable. Analistas de bajo nivel de la NSA tienen acceso en su escritorio a los emails y llamados telefónicos privados de los norteamericanos. La oficina de Coreos fotografía los sobres de cada una de las 160.000 millones de piezas de correo que maneja, recolectando los metadatos de las direcciones de “A:” y “De:”. Un Insider Threat Program (Programa de Amenaza Interna) de la administración Obama exige a los empleados federales (incluyendo a los Cuerpos de Paz) que informen sobre comportamiento sospechoso de sus compañeros de trabajo.
Funcionarios de gobierno preocupados por posibles irregularidades en sus departamentos o agencias que “van por los canales apropiados” son despedidos o sometidos a juicio. A los whistleblowers del gobierno se les ordena regresar para enfrentar la justicia, mientras que a los delincuentes al servicio del gobierno se les permite huir de ella. Los funcionarios de la CIA que destruyen envidencias de tortura salen libres, mientras que un agente de la CIA que sopla el silbato sobre la tortura en encerrado.
Leyes y tribunales secretos pueden crear otras leyes secretas de los que no sabemos para “crímenes” que no sabíamos que existían. No obstante nuestra ignorancia, podemos ser arrestados por cometerlos. Gracias a la Ley Patriótica, ciudadanos, incluso bibliotecarios, pueden recibir una National Security Letter (Carta de Seguridad Nacional) del FBI (sin necesidad de orden judicial) que les exige registros y otra información, y los amordaza y les prohíbe revelar a nadie que es información ha sido requerida o que esa carta fue entregada. Los ciudadanos pueden ser encarcelados sin juicio –y les pueden ser negados sus derechos constitucionales tan pronto sean calificados como “terroristas.” Los abogados y habeas corpus solo están disponibles cuando el gobierno lo permite.
En la última década, 10 veces más empleadores recurrieron a las bases de datos criminals del FBI para investigar a solicitantes de trabajo. La prensa está restringida en lo que se refiere a cubrir “juicios abiertos”. La guerra contra los whistleblowers se está ramificando en una guerra contra la Primera Enmienda. Las personas pueden ser condenadas ahora en base a testimonios secretos de personas innominadas. Las cortes y cárceles militares pueden reemplazar a las civiles. La justicia puede ser retorcida y enmarañada hasta adquirir una forma casi irreconocible y luego utilizada para enviar a un joven a prisión por décadas. Afirmando que sus acciones son legales a la vez que se oculta las opiniones “legales” citadas –a menudo, incluso del Congreso–, el gobierno puede enviar sus drones a asesinar a sus propios ciudadanos.
Una por una, las herramientas y actitudes de la guerra contra el terror, de un mundo en el que los “guantes” se han sacado para siempre, han llegado a casa. La clásica advertencia de Pogo, el personaje de historieta –“Hemos encontrado al enemigo y somos nosotros”—parece cada vez menos una metáfora. De acuerdo con el gobierno, ahora somos de verdad el enemigo.
Aquí, publicación original de este texto, en inglés.
Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/4454viernes, 23 de agosto de 2013
Shell ha derramado crudo en Nigeria equivalente a 20 Prestige
La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell es la mayor operadora del Delta del Níger, una región de Nigeria de 700.000 kilómetros cuadrados y con una población aproximada de 31 millones. Opera en el país desde mediados de los años 50 y, desde que comenzaron las exportaciones, en 1960, se han generado unos beneficios aproximados de 600.000 millones de dólares, repartidos entre las multinacionales petroleras y el Gobierno nigeriano sin que haya repercutido en sus ciudadanos. De hecho, el porcentaje de población pobre ha pasado del 28% en 1890, al 66% en 2000.
El reparto desigual de los beneficios que genera el negocio del petróleo en Nigeria no es su problema más grave. Shell también es la mayor empresa contaminante del país. En los últimos 50 años, según han estimado ONG que trabajan en la zona como Amnistía Internacional o Amigos de la Tierra, la compañía ha derramado entre 9 y 13 millones de barriles, un millón y medio de toneladas de petróleo, equivalentes a 20 veces la carga que llevaba el Prestige en el momento de su accidente (77.000 toneladas).
Pero Nigeria no es el único país contaminado por Shell. En agosto de 2011 derramó 216 toneladas de crudo en el Mar del Norte en la que fue considerada la peor catástrofe de contaminación en el Reino Unido desde hacía 11 años. En 2010 la justicia brasileña había condenado a esta compañía, junto con la empresa química Basf, a pagar 600 millones de indemnización a sus trabajadores, contaminados con sustancias tóxicas entre 1977 y 2002. En 1999 Shell vertió 5.000 toneladas de crudo en el Río de la Plata, Argentina, en el peor desastre ocurrido en agua dulce de la historia.
Shell contra los Derechos Humanos
Una de las primeras veces que la comunidad internacional fijó su atención en Nigeria fue a mediados de los años 90. Ongoni está habitada por unos 12 millones de personas que viven de la agricultura y de la pesca, como el resto del país. La petrolera angloholandesa ya operaba y contaminaba esta zona por lo que el pueblo inició una serie de protestas tan efectivas que en 1993 obligaron a Shell a detener su trabajo. El 10 de noviembre de 1995, en el contexto de la dictadura militar de Sami Abache, se condenó a muerte a los nueve activistas que habían encabezado las protestas, entre los que se encontraba Ken Saro Wiwa (hoy, símbolo de lucha de su país). En un juicio militar, sin posibilidad de defensa y acusados mediante pruebas y testimonios falsos, fueron declarados culpables por haber ejecutado una masacre en su comunidad durante los dos años anteriores.
En 2009, Shell fue llevada a juicio en Estados Unidos, como cómplice de estos asesinatos, bajo el amparo de la ley de reclamación por agravios contra extranjeros. Los demandante acusaron a la petrolera de haber instigado, planeado y financiado la campaña de saqueos, violaciones, destrucción de la propiedad, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en Ongoni entre 1993 y 1994 que, como se demostró, fueron perpetradas por el Ejército nigeriano. También se les acusó de facilitar las pruebas y testimonios falsos que sirvieron para dictar sentencia. En abril de este año, el tribunal estadounidense falló a favor de Shell, no por encontrarla inocente, sino por considerar que los vínculos entre esta empresa y Estados Unidos era demasiado tenues para ser juzgada bajo la legislación del país.
Condenas contra Shell
El primer organismo en condenar públicamente las acciones de Shell en Nigeria fue el Programa de Medio Ambiente de la ONU (PNUMA) en agosto de 2011. En su informe Enviromental Assesments Ongoniland, reconoció que Ongoni llevaba décadas expuesta a una grave y generalizada contaminación por petróleo que, además de dejar a la comunidad sin recursos para sobrevivir, generaba malformaciones, leucemia y muertes prematuras entre su población. Según los expertos que analizaron la tasa de contaminación en los pozos, esta superaba 900 veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Consideraron a Shell como responsable de los vertidos contaminantes y lo conminaron limpiar la zona de crudo, recuperar la tierra y el agua e indemnizar a la comunidad con 1.000 millones de dólares (aunque la compañía había ofrecido 50 bolsas de arroz, judías y tomates como compensación). Shell aún no ha satisfecho ninguna de las tres exigencias.
En diciembre del año pasado le tocó el turno al Gobierno de Nigeria. En una sentencia sin precedentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) le declaró culpable, por unanimidad, por permitir que tanto Shell como el resto de petroleras del país contaminaran Nigeria. Esta actitud, según explicaron, viola los artículos 21 y 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos al no proteger los recursos naturales y el medioambiente del Delta del Níger. Finalmente, se condenaba al Estado nigeriano a endurecer las leyes y sancionar cualquier conducta que atentara contra los Derechos Humanos de su población. Por el momento tampoco han puesto en marcha ninguna medida.
Holanda, la sentencia más reciente
Para proteger a las comunidades de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo, cuatro agricultores interpusieron una demanda en su representación contra Shell Holanda y su filial en Nigeria ante los tribunales holandeses. En materia de Derechos Humanos es más frecuente pero ningún país contempla en su legislación la posibilidad de juzgar a una de sus empresas por actividades contra el medioambiente fuera de su territorio, según explica Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra en España, una de las ONG que acompañó a los agricultores durante todo el proceso. De ahí la relevancia del caso.
La sentencia, que se dictó el 30 de enero de 2013, dio la razón a uno de los cuatro agricultores, dado que pudo demostrar la responsabilidad de Shell en los vertidos contaminantes de su zona, a pesar de que la petrolera se negó a aportar documentos sobre su actividad. La condena, igual que la del PNUMA, consistió en la obligación de limpiar y reparar la zona, además de una indemnización económica. Una condena que, igual que la del PNUMA, Shell aún no ha cumplido.
El caso de las otras dos regiones, la sentencia no fue favorable porque no pudieron demostrar la relación entre la matriz holandesa y la filial en Nigeria. La sentencia está recurrida y su resolución saldrá a principios de 2014. Mientras aguardan su resultado, Amigos de la Tierra ha comenzado una cibercampaña de presión social para tratar de obligar a Shell a cumplir con las obligaciones a las que está sujeta y que se haga responsable de los efectos de la contaminación que ya se ha demostrado que ha provocado.
Para proteger a las comunidades de Oruma, Goi e Ikot Ada Udo, cuatro agricultores interpusieron una demanda en su representación contra Shell Holanda y su filial en Nigeria ante los tribunales holandeses. En materia de Derechos Humanos es más frecuente pero ningún país contempla en su legislación la posibilidad de juzgar a una de sus empresas por actividades contra el medioambiente fuera de su territorio, según explica Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra en España, una de las ONG que acompañó a los agricultores durante todo el proceso. De ahí la relevancia del caso.
La sentencia, que se dictó el 30 de enero de 2013, dio la razón a uno de los cuatro agricultores, dado que pudo demostrar la responsabilidad de Shell en los vertidos contaminantes de su zona, a pesar de que la petrolera se negó a aportar documentos sobre su actividad. La condena, igual que la del PNUMA, consistió en la obligación de limpiar y reparar la zona, además de una indemnización económica. Una condena que, igual que la del PNUMA, Shell aún no ha cumplido.
El caso de las otras dos regiones, la sentencia no fue favorable porque no pudieron demostrar la relación entre la matriz holandesa y la filial en Nigeria. La sentencia está recurrida y su resolución saldrá a principios de 2014. Mientras aguardan su resultado, Amigos de la Tierra ha comenzado una cibercampaña de presión social para tratar de obligar a Shell a cumplir con las obligaciones a las que está sujeta y que se haga responsable de los efectos de la contaminación que ya se ha demostrado que ha provocado.
jueves, 22 de agosto de 2013
“A veces hay que pagar un alto precio para poder vivir en una sociedad libre”
“Las decisiones que tomé en 2010 lo fueron por la preocupación que sentía por mi país y el mundo en que vivimos. Desde los trágicos acontecimientos del 11S, nuestro país ha estado en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo que eligió no enfrentarse a nosotros en un campo de batalla tradicional, y debido a este hecho hemos tenido que cambiar nuestros métodos de combatir los riesgos que afrontamos nosotros y nuestro estilo de vida.
Al principio, yo estaba de acuerdo con estos métodos y me presenté como voluntario para defender a mi país. Hasta que estuve en Irak donde leía cada día los informes militares secretos, no comencé a cuestionarme la moralidad de lo que estábamos haciendo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que en nuestros intentos de afrontar los riesgos que suponía el enemigo habíamos olvidado nuestra humanidad. Elegimos conscientemente devaluar la vida humana tanto en Irak como en Afganistán. Cuando atacábamos a aquellos a los que considerábamos el enemigo, a veces matábamos a civiles inocentes. Siempre que matábamos a civiles inocentes, en vez de aceptar nuestra responsabilidad, preferíamos escondernos tras el velo de la seguridad nacional y la información secreta con el fin de evitar cualquier sentido de responsabilidad.
En nuestro celo por matar al enemigo, discutíamos internamente la definición de tortura. Recluimos a personas en Guantánamo sin derecho a un juicio justo. Inexplicablemente, ignoramos las torturas y ejecuciones del Gobierno iraquí. Y asumimos otras innumerables actuaciones en el nombre de la guerra contra el terror.
Nuestra nación ha pasado por momentos oscuros similares para la democracia, el Sendero de las Lágrimas, la decisión sobre Dred Scott, el McCarthyismo o los campos de internamiento de americanos de origen japonés, por nombrar unos pocos ejemplos. Estoy seguro de que muchos de nuestros actos posteriores al 11S serán visto del mismo modo algún día.
Como dijo una vez el ya fallecido Howard Zinn, “no existe la bandera lo bastante grande como para tapar el asesinato de gente inocente”.
Sé que mis actos violaron la ley y lamento si mis actos han dañado a alguien o a los Estados Unidos. Nunca fue mi intención hacer daño a nadie. Sólo quería ayudar a la gente. Cuando decidí revelar información secreta, lo hice por amor a mi país y por un sentido del deber hacia otras personas.
Si ustedes rechazan mi petición de perdón, cumpliré mi pena sabiendo que a veces hay que pagar un alto precio para poder vivir en una sociedad libre. Lo pagaré muy gustoso si sirve para que tengamos un país inspirado en la libertad y con la idea de que todos los hombres y mujeres nacen iguales.”
—
Manning ha sido condenado a 35 años de prisión por entregar a Wikileaks centenares de miles de documentos secretos. El fiscal había solicitado una pena de 60 años. Descontado el tiempo que ya ha pasado en la cárcel más una ‘bonificación’ de 112 días por el abusos que sufrió en la base de Quantico, tendrá que cumplir al menos unos ocho años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional.
Gracias a Manning, la opinión pública recibió información nunca antes conocida sobre las relaciones exteriores de EEUU, a partir de los telegramas diplomáticos del Departamento de Estado, y pudo saber de la existencia de crímenes de guerra en Irak. El más conocido es el vídeo que Wikileaks llamó “Collateral Murder”.
Fuente: http://www.guerraeterna.com/a-veces-hay-que-pagar-un-alto-precio-para-poder-vivir-en-una-sociedad-libre/
EEUU tiene a 79 niños con menos de 14 años condenados a cadena perpetua
Cristian Fernández se enfrentó una posible condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su hermanastro de dos años.
Librado al final de esta posibilidad, a cambio de una condena hasta 2018, Cristian escapó de unirse a un selecto grupo, el de los niños sentenciados a morir en una prisión norteamericana. En la actualidad, 79 presos con menos de 14 años se encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel, según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos. Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.
Una polémica que se reabre después de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo de este año que la cadena perpetua a menores era inconstitucional. Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010 declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.
A pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de estas condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó “que cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores atenuantes que han llevado al joven a cometer el delito antes de imponer una condena que implique pasar toda la vida en prisión”.
El alto tribunal se pronunció respecto al caso concreto de dos menores de 14 años, Evan Miller y Kuntrell Jackson, aunque la sentencia sentó jurisprudencia. “Espero que la mayoría de los convictos tengan nuevas sentencias, y admito que esta nueva decisión por parte puede hacer que los Estados cambien las condenas por su cuenta o modifiquen sus leyes”, sostenía Bryan Stevenson, abogado de ambos menores, tras conseguir la rebaja para sus defendidos.
EEUU dificulta la imposición de estas penas, pero no las prohíbe
Los magistrados del Supremo dejaban claro que “la posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja”, aunque no imposible, al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad de los condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto.
Dejaba sin embargo la puerta abierta a la posibilidad de que sean juzgados como un mayor de edad, como es la situación de Cristian Fernández. Además, algunos de los miembros del alto tribunal expusieron sus reticencias a la decisión. "No hay nada en nuestra Constitución que autorice a esta Corte a cambiar esta decisión", aseguraba el juez Thomas.
La facción más conservadora formada por su presidente, John Roberts, y los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito se opuso rotundamente a la medida, argumentando que “las decisiones sobre las sentencias más apropiadas para los adolescentes asesinos tienen que ser tomadas por los legisladores y no por los tribunales”.
29 estados no diferencian entre homicidas adultos y menores
Y es que en 29 estados norteamericanos, la ley todavía establece la cadena perpetua para el homicidio, con independencia de si el crimen ha sido cometido por un menor. Los Estados tienen libertad para determinar su duración máxima, la mínima es de 10 años, aunque la mayoría todavía recoge la pena de por vida, sin libertad condicional, siendo el único país del mundo en aplicar esta severa pena contra los menores, según Amnistía Internacional.
Varios tratados internacionales prohíben precisamente la imposición de estas condenas, como el artículo 37 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países salvo EEUU y Somalía. Por otro lado, la Convención Internacional de Derechos Civiles de 1966 fue firmada por EEUU a cambio de incluir una excepción a la prohibición para condenar a menores en “circunstancias excepcionales”
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Los menores con cadena perpetua se ha multiplicado por seis desde 1966
Entonces había 400 menores en esa situación, ahora son más de 2.500 los niños que podrían pasar el resto de su vida tras las rejas. Una situación que parece no tener fin, a pesar de las sentencias del Supremo norteamericano. De hecho, el Departamento de Justicia de EEUU reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años que han cometido asesinatos en los últimos dos años.
Cristian Fernández podría convertirse en unos meses en uno de esos menores que crezcan y envejezcan en prisión. La acusación de la Fiscalía para juzgarlo como un adulto por la gravedad de su crimen fue aceptada por el juez. De nada sirvió una iniciativa popular que recogió más de 190.000 firmas en todo el país para que sea juzgado como lo que es, un menor.
La fiscalía se opone a esta petición, que permitiría que Fernández quedase libre con 21 años. “Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos”, aseguraban los responsables de la acusación contra el menor.
Fuente: http://www.teinteresa.es/mundo/Cristian_Fernandez-cadena_perpetua-menores_0_776324238.html
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